En Urcuquí, el complejo estatal Yachay ha generado un aumento en el valor de los terrenos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La plusvalía es el incremento del valor comercial de un bien inmueble o terreno. El Gobierno pretende cobrar un impuesto del 75% a “las ganancias extraordinarias” relacionadas con esa plusvalía, sea que el incremento del precio de venta se deba a inversión pública o privada.
Es decir, se gravará la ganancia extraordinaria tanto si se debe a la construcción de un puente público como a la de un centro comercial privado.
En agosto, el presidente Rafael Correa lanzó la posibilidad de cambiar el impuesto a la plusvalía porque en algunos propietarios “están cruzados de brazos 20 años, viene una inversión de la sociedad y multiplica el valor de su bien y se vuelve millonario”.
Pero el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Organización que regula la plusvalía y que fue enviado el lunes a la Asamblea por el Ejecutivo, no distingue entre la plusvalía generada por obras públicas o de iniciativa privada como la apertura de centro comercial, una urbanización, etc.
El asambleísta de oposición Luis Fernando Torres señaló que el proyecto dista de la idea original que era cobrar una contribución por la inversión pública.
El asambleísta oficialista Richard Calderón, titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que el impuesto a las ganancias extras se cobrará sobre todo a lo que no sea el “esfuerzo propio”; es decir, “cuando sea un esfuerzo externo, público o privado”.
Calderón dijo que obras privadas como un centro comercial se dan gracias a que hubo servicios públicos, vías, etc.
El presidente Correa explicó el domingo pasado que el impuesto es para los especuladores, que se benefician de una “ganancia ilegítima”.
El Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) vigente fija ya un impuesto a la plusvalía de hasta el 10%, que se cobra a la diferencia entre el avalúo municipal del bien y su valor comercial. Este se paga en el momento de vender el bien.
Calderón explicó que el nuevo impuesto se aplicará para la segunda venta. La primera seguirá pagando el 10%.
Si bien se eleva el pago por plusvalía al 75% para la segunda venta, explica que esto se hará luego de reconocer una ganancia ordinaria al propietario y un monto exento de 24 salarios (USD 8 496).
Dijo que, según un estudio oficial, USD 600 millones de plusvalor fue a privados el 2014 en nueve municipios, mientras la recaudación por plusvalía de todos los municipios sumó USD 40 millones, porque “unos cobran y otros no”.
En tanto, según el proyecto, los terrenos urbanos baldíos tienen un tiempo de transición de cinco años para no pagar la tasa del 75% cuando se trate de la primera venta. Después de ese plazo deberán pagar. Ello busca frenar la especulación, dijo.
Para Torres, el proyecto es complejo, confiscatorio y de alta discrecionalidad del funcionario público que cobra.
Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, dijo que ambos proyectos -plusvalía y herencias- “traen el impacto negativo de un mensaje contrario a los valores de propiedad y pertenencia, vivienda y estabilidad”.
Para el alcalde de Samborondón (Guayas), José Yúnez, “el porcentaje propuesto es fuerte” y teme que desacelere la inversión en el cantón, donde el desarrollo de urbanizaciones casi se triplicó los últimos años. Así, de 1990 al 2010, el número de casas pasó de 6 998 a 20 940.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, calificó a la propuesta, junto al Impuesto a la Herencia, de “inconstitucional”.
El Municipio de Cuenca cobra un impuesto del 10% a la plusvalía, pero aplica deducciones y, además, por cada año que pasa, el propietario tiene un descuento del 0,5%.
Este tributo genera USD 2,5 millones al año a Cuenca, dice el director de Avalúos del Municipio, Pablo Peñafiel, quien comentó que aún está analizando el proyecto.