La hidroelectrica Manduriacu fue inaugurada en marzo del 2015. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
El Gobierno busca liquidez de las nuevas centrales hidroeléctricas como consecuencia de la pérdida de dinamismo de la economía ecuatoriana, por los bajos precios del crudo, menores ingresos tributarios y los efectos del terremoto.
En este contexto, el presidente de la República, Rafael Correa, presentó en su informe a la nación tres centrales que buscan capital privado: Sopladora, Manduriacu y Ocaña.
Las dos últimas fueron inauguradas y están operando: Manduriacu funciona al 100% desde febrero del 2015 y Ocaña desde el 2012, también al 100%.
En el caso de Sopladora aún continúa en pruebas y ya tiene un retraso en su ingreso de más de cinco meses, pues debía operar desde diciembre pasado.
El vicepresidente de la República, Jorge Glas, dijo días atrás que comenzará a operar desde junio con una de sus tres turbinas. Es decir, al 33% de su capacidad.
Sopladroa, Mandariacu y Ocaña le significaron al país costos de construcción y equipamiento por USD 1003,5 millones sin IVA e impuestos, según el Ministerio de Electricidad.
Al igual que Sopladora otras cinco centrales tienen retrasos de un total de nueve (incluyendo Ocaña) hasta abril pasado, de acuerdo con el detalle de la Cartera de Estado.
Tres centrales tenían previsto empezar a operar en diciembre del 2015 y otras tres en marzo pasado.
Ocaña no estaba incluida en un inicio como parte del grupo de centrales hidroeléctricas que el Gobierno ha difundido en sus discursos porque esta se comenzó a construir antes que las otras, en el 2008.
El mismo presidente Correa reconoció meses atrás que la falta de liquidez ha provocado retrasos y que, si bien se buscaba inaugurar todas las centrales en este primer semestre del 2016, se lo hará hasta finales de año.
En términos reales, de las nueve centrales hidroeléctricas solo está operando a plena capacidad: Manduriacu y Ocaña.
Dos hidroeléctricas están operando parcialmente: Coca-Codo Sinclair (50% de su capacidad) y Mazar-Dudas (30% de sus capacidad). Sopladora está en pruebas y está previsto que entre a operar en junio y las cuatro restantes (Toachi-Pilatón,
Delsitanisagua, Quijos y Minas San Francisco) todavía no han ingresado a pruebas a pesar de que ya debían hacerlo desde el año pasado y el primer trimestre de ese año.
El Ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que no es seguro que las hidroeléctricas que mencionó el presidente Correa sean concesionadas porque aún están en un proceso preliminar de evaluación para conocer qué centrales requieren de capital privado.
Tampoco se descarta que las seis centrales restantes, donde está el Coca-Codo, también puedan llegar a concesionarse. Las nueve hidroeléctricas le ha costado USD 4767 millones al país.
Según Poveda, lo más seguro es que se utilice una figura de concesión. Esto funciona igual que para la concesión de telefonía celular. Es decir que la empresa interesada en una hidroeléctrica como Sopladora deberá entregar un monto determinado (hipotéticamente USD 1000 millones). A cambio, la empresa operará la central a durante 20 o 30 años, le venderá energía al Estado por ese tiempo, y recibirá una tarifa por kilovatio hora vendido.
El dinero que deberá entregar la empresa por la concesión deberá fijarse en función de la inversión que inicialmente hizo el Estado para la construcción de la central y de los flujos futuros por la venta de energía.
En total, las nueve centrales tiene una potencia de 2858 megavatios (MW), pero actualmente solo están disponibles 847 MW para generar energía. Es decir, un 30% del total.
Esta nueva potencia permitiría un ahorro anual de más de USD 1000 millones en importación de combustibles para las centrales termoeléctricas y exportar energía a países como Colombia y Perú.
