Tal como lo había anunciado hace cuatro semanas, el Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó ayer, 12 de julio del 2016, el listado de los principales grupos económicos del Ecuador que, según la entidad, tienen nexos con paraísos fiscales.
Mauro Andino (izq.), de la mesa de Justicia, junto a Leonardo Orlando, del SRI, ayer. Foto: API
Fue durante la comparecencia del titular de la entidad tributaria, Leonardo Orlando, en la Comisión de Justicia de la Asamblea. De los 200 grupos económicos registrados en este año en el país, 94 tienen una relación, según el SRI. En el listado se incluyen empresas de los sectores bancario, manufactura, comercio, agrícola…
De ellos, 43 grupos económicos constan en las bases de datos de los Papeles de Panamá.
El funcionario criticó al sistema de paraísos fiscales, al considerar que “potencian la opacidad y nula transparencia. No se conoce quiénes son los titulares de las empresas ni los movimientos de las cuentas en instituciones financieras, lo que es una oportunidad para quienes han obtenido el dinero de manera ilícita”, comentó.
Además -a su criterio- estas estructuras favorecen a los grandes grupos económicos. Consideró que los paraísos incentivan la salida de divisas, lo que reduce el dinero circulante y se pone en riesgo el sistema de dolarización.
Según el ente tributario, los grupos económicos enviaron más dinero fuera del país que lo que recibieron del exterior entre el 2012 y este año. El estudio consideró a las empresas pertenecientes a esos grupos con un patrimonio de más de USD 5 millones. De acuerdo a esa información, esas firmas sacaron USD 14 372 millones más de lo que ingresaron en ese período. El monto enviado específicamente a paraísos fiscales fue de USD 2 008,8 millones en esos años.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) prefirió no pronunciarse sobre el tema, al igual que la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Quienes sí contestaron fueron cinco compañías del sector exportador y procesador de atún, que también están en la lista. Lo hicieron a través de Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros.
Ella advirtió que no debe extrañar que las empresas de su sector tengan presencia en Panamá, debido al perfil del negocio. “Tenemos empresas que tienen que comprar materia prima (atún) de Panamá. Ese país tiene una importantísima flota atunera, pero no tiene planta para procesarlo”, dijo al recalcar que esto ha sido informado por el sector al SRI.
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que empresarios, que tienen estructuras fuera del país, buscan proteger el patrimonio de sus sucesores. Para el titular del gremio lo único que incentiva la salida de dólares del país es la falta de seguridad jurídica y los cambios de reglas tributarias.
Christian Wahli, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, dijo que puede haber empresas que son usadas para actividades ilícitas en esos países; pero otras que sí hacen un buen manejo.
“Deberían hacer las investigaciones en privado y si se encuentra algo se debería llevar a los implicados a la justicia. No porque una persona tenga una cuenta en Panamá o EE.UU. es un criminal”, puntualizó.
Buena parte de la exposición que se hizo ayer en la Comisión, se dedicó a las universidades privadas que constan en la lista. En total son cinco.
Se explicó que los directivos y rectores de universidades tienen participación como socios y accionistas en empresas nacionales, que son prestadores de servicios exclusivos de los centros de educación superior. “La sociedad sacará las conclusiones si es normal y correcto que un directivo de una universidad constituya empresas para proveer servicios a las universidades y cuya facturación es del 98%, en algunos casos”, dijo Orlando.
Pero el rector de la Universidad de las Américas (UDLA), Carlos Larreátegui, advirtió que se intenta descontextualizar la información. “UDLA no tiene transacción alguna con paraísos fiscales ni ha dejado de pagar impuestos por transacciones al extranjero. Todos los pagos realizados al exterior han sido hechos a países con claros regímenes tributarios”.
El propio Orlando reconoció que la constitución de empresas en paraísos fiscales no es un delito per se.
Alfonso Algora, rector de la Universidad Internacional SEK, indicó que esta institución “nada tiene que ver con los documentos de Panamá. Ningún directivo o autoridad figura en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación”.
Añadió que hasta el momento no han recibido ningún tipo de comunicación por parte del SRI. Esta universidad, aclaró el Rector, forma parte de un grupo internacional que tiene presencia en 13 países con 21 centros. “Si hablamos del cumplimiento de la obligatoriedad de no tener ánimo de lucro, todos los años entregamos la información al SRI y cumplimos cabalmente todas sus disposiciones”.
Mañana Orlando volverá a comparecer a la Comisión de Justicia y, según advirtió, entregará de manera completa y detallada lo referente a las universidades privadas y su vínculo con paraísos fiscales.
Para Luis Fernando Torres (PSC), legislador de la oposición, la información difundida por el SRI busca distraer la atención de los documentos de Panamá y de las revelaciones que se han hecho en torno a funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados.
