Poco a poco, los habitantes de Yacuambi, en Zamora Chinchipe, empezaban a reunirse en el parque central para exteriorizar su molestia por los cobros exorbitantes de sus planillas telefónicas, que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) les envió desde agosto pasado.
Una de las más preocupadas era Rosa Guamán, de 54 años, quien debió pagar una factura de USD 108 por el consumo telefónico de agosto. Aunque no entendía las razones para el sorpresivo aumento, pues usualmente no paga más de USD 10, se vio obligada a cubrirlo en medio de amenazas. “El lunes una señorita me llamó y me dijo que si no pago me subiría el interés y me colocarían en la Central de Riesgos”.
Guamán y su esposo, oriundos de Saraguro (Loja), se dedican a la agricultura. Pagó la factura con un préstamo, pues no quería que le ocurriera lo mismo que a su hija, quien no pudo cancelar los USD 30 que le facturaron, y “el mes siguiente le duplicaron el valor”.
A su lado está Lorgia Palma. Funcionarios de la CNT la llamaron por tres ocasiones para que pagara USD 73 hace dos meses. Antes cancelaba entre USD 8 y 12. Pero lo peor estaba por venir. Pese a que cubrió la factura le suspendieron la línea telefónica y le informaron que podría rehabilitarla, luego de 42 días.
¿Qué ocurrió? Debido a fallas en los sistemas mediadores de facturación, la CNT no cobró por el servicio de telefonía brindado a más de 1000 usuarios de las provincias de Zamora y de Loja, entre abril del 2009 y mayo del 2011 (ver nota anexa). Esas fallas se enmendaron desde agosto pasado cuando la entidad empezó a emitir facturas con el recargo.
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones eso es ilegal e inconstitucional, por lo cual dispuso que la CNT suspendiera los cobros y asumiera los costos, lo cual no se cumplió. Se estima que no se cobraron USD 12 millones.
Eso fue corroborado por Napoleón Valdivieso, gerente de la CNT en Zamora Chinchipe, quien sostuvo que seguirá cobrando a los abonados, con quienes han llegado a acuerdos de pago, de 12 y 24 meses sin interés.
De las 10 000 líneas inalámbricas distribuidas en Zamora, 675 tuvieron problemas. El 80% de los afectados es de Yacuambi; el resto de Guadalupe, Piuntza…
Precisamente, para abordar este caso, el jueves pasado 15 afectados viajaron a la capital provincial donde se reunieron con el defensor del Pueblo de Zamora, Bolívar Rodríguez, el asambleísta Kléver Jiménez, y el concejal Rodrigo Banegas. En la cita, Jiménez informó que la Superintendencia de Telecomunicaciones había dispuesto el 12 de octubre la suspensión de los cobros.
La noticia tranquilizó a Norma Torres, de 32 años, quien es una de las más golpeadas. Ella vive en Yacuambi. Hasta el 7 de noviembre pasado tenía que pagar USD 1 930. Como empleada del Municipio gana un sueldo de USD 550. “Soy el sustento de mi familia, ayudo a mis padres y mis hermanos. No puedo pagar esa factura. Me dicen que las llamadas son desde el 2009, pero eso es imposible porque siempre cancelé mis facturas”. En promedio, pagaba mensualmente entre USD 80 y USD 100, por llamadas a celular.
En este poblado otra perjudicada es Balbina Guamán, quien canceló USD 56 por el servicio de agosto, cuando normalmente pagaba 8. Pero, su hija Carmen Ochoa tiene que cancelar USD 1 800. “Al enterarse del monto lloró de la desesperación”.
Banegas, concejal y defensor de los derechos de los ciudadanos en Yacuambi, dijo que en este cantón hay unas 600 personas afectadas, la mayoría campesinos de escasos recursos.
Deysi Cango es una de ellas: debe pagar USD 265. Es ama de casa y tiene cinco hijos. “Cuando nos dieron las líneas nos explicaron que eran económicas… Esta facturación es un robo”, denunció Cango, quien mostró un documento con el detalle de sus llamadas. Son 27 hojas donde se registran números marcados desde octubre del 2010. “Es insólito porque según este detalle he realizado llamadas a Quito cuando ni siquiera amigos tengo ahí”.
En el registro hay llamadas a los mismos números con una duración de una hora. Por ejemplo, al 072588667 se registran llamadas el 11 de marzo del 2011, entre las 13:47 y 14:43. “Cómo voy a colgarme una hora en el teléfono si no tengo cómo pagar”.
Para cancelar las planillas, emplea el bono que recibe del Estado. Cuando eso no le alcanza lo ajusta con el sueldo de su esposo. Otra que emplea su bono para cubrir sus planillas es Julia Piedra, quien para evitar problemas ya canceló USD 114.
Las facturas con consumos de hace dos años también llegaron a los consumidores del cantón Pomarrosa. Una de las sorprendidas con la facturación fue María Dolores Puma, quien hasta hace cuatro meses pagaba USD 10 por el consumo telefónico. No obstante, ante las insistencias de la CNT, abonó USD 140. Y tiene pendiente el pago de USD 244.
Para cubrir esa cuenta también emplea el bono del Gobierno. Lo que aún no le han explicado es por qué en el detalle de llamadas de la CNT aparecen números de Quito, Latacunga y Paute. “No conozco a nadie en esos lugares”.
El sistema de facturación no se unificó
Las fallas en el sistema de facturación tuvieron un antecedente: la fusión de Pacifictel y Andinatel, en el 2008, que fueron reemplazadas por la CNT, que sin embargo no realizó la unificación de los sistemas de facturación de telefonía fija.
Para facturar Pacifictel y Andinatel tenían un software que procesa los registros de las diferentes llamadas (denominados CDR) de los abonados.
Sin unificar el sistema, la CNT siguió facturando, pero por el consumo parcial.
El primer trimestre de este año, la empresa descubrió la falla y empezó a facturar el uso de líneas. Las facturas acumuladas oscilan entre USD 20 y 6 000. A pesar de que hubo un perjuicio, según la CNT en este caso no hay por qué buscar responsables.
Este Diario no pudo establecer en base a qué sistema se determinó la última facturación. Tampoco si alguna empresa fue contratada para este proceso.
La CNT cobra esos valores, pese a que los contratos de concesión de las ex Pacifictel y ex Andinatel contemplan, en la cláusula 33, que el “concesionario tendrá derecho a realizar reliquidaciones por hasta tres meses, de los consumos efectuados por sus abonados y no facturados por errores técnicos debidamente comprobados”.
Según el artículo 40 de la Ley del Consumidor “Los proveedores de servicios públicos domiciliarios que sufrieren pérdidas por deficiencias técnicas, u otras causas debidamente comprobadas imputables a la empresa deberán asumir en su totalidad (esos costos) quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas de los consumidores”.
Por esas anomalías, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) envió tres comunicaciones a la CNT, pidiendo información sobre el proceso.
Hasta el momento, 1 029 denuncias de abonados de Zamora Chinchipe, Cañar, Morona Santiago, Loja y Azuay se presentaron en la Defensoría del Pueblo. El 26 de octubre pasado, Patricio Benalcázar, director de Protección de DD.HH. se reunió con 10 técnicos de la CNT para que le explicaran las fallas del sistema. Y luego determinó que la entidad debía suspender el cobro.
María José Troya, de la Tribuna del Consumidor, coincidió con que los abonados deben pagar el promedio de consumo de los últimos seis meses, no el acumulado de dos años.
Escasa conectividad
En Yacuambi solo la CNT tiene señal inalámbrica, que según los usuarios es deficiente.No cuentan con señal de celular de las operadoras de Claro, Movistar y Alegro. Además, la Internet, que está a cargo de una empresa privada, es insuficiente.
Para enviar mensajes, los habitantes de esta zona emplean la radio de la localidad. No tienen señal de televisión nacional. Este servicio solo llega por cable y sólo acceden personas con posibilidades económicas, es decir un porcentaje muy reducido.
5 853 habitantes tiene el cantón Yacuambi. En el 60% de hogares, por lo menos, dos miembros de la familia tienen una línea telefónica inalámbrica. La mayoría de líneas fue entregada en abril del 2009 por empleados de la CNT.
Yacuambi es un pueblo productivo de la provincia de Zamora Chinchipe. Se ubica a 69 kilómetros de la capital. La carretera que conduce a este cantón es de segundo y tercer órdenes. La vía a este cantón empieza desde el puente la Saquea, en dirección a Yantzaza. 6 kilómetros del ingreso están pavimentados.