El Congreso de Ecuador inició el martes la discusión de un proyecto de ley propuesto por el gobierno para evitar abusos de posición dominante en el mercado, que contempla la posibilidad de fijación de precios por parte del Ejecutivo, informaron fuentes parlamentarias.
La iniciativa tiene carácter urgente, por lo que el Legislativo debe tomar una decisión sobre la propuesta a más tardar el 30 de septiembre.
El objetivo es “evitar los abusos de quien tiene la posición dominante del mercado”, dijo el asambleísta del oficialismo de izquierda Paco Velasco, presidente de la comisión de Asuntos Tributarios del Congreso durante el primero de dos debates reglamentarios.
El proyecto plantea la creación de una superintendencia con facultades para sancionar a los actores que violen la norma, e incluso a autoridades que restrinjan ilegalmente la competencia.
También propone una junta reguladora del mercado designada por el gobierno, que además tendría una “facultad excepcional y temporal” para fijar los precios.
“No es que de aquí en adelante el Ejecutivo va a fijar todos los precios. Lo hará con fines claros como el consumo popular, protección y sostenibilidad de la producción nacional”, aseguró Velasco.
La oposición critica la propuesta aduciendo que tiene vacíos legales y el tiempo para debatirla es insuficiente.
Este criterio es compartido por algunos empresarios, que sin embargo ven con buenos ojos una regulación para evitar prácticas como los pactos de precios entre productores.
“Se debe limitar la discrecionalidad de la autoridad (de control). Hay muchas cosas que están en el limbo”, dijo Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, capital económica de Ecuador y la ciudad más poblada del país, con 3,6 millones de habitantes.
Peña, quien considera que “la ley es necesaria para el país”, pidió cambios en aspectos como los porcentajes de mercado a partir de los cuales se consideraría que hay una posición dominante.
Asimismo, “necesitamos un período de gracia entre el momento en que se apruebe la ley y su aplicación. Las empresas que tienen una posición dominante van a necesitar al menos 180 días” para adaptarse a la normativa, señaló el dirigente.