El segundo debate del proyecto de ley se realizó en dos jornadas. El pasado jueves, se aprobó con 73 votos a favor. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
La ley de Fomento Productivo establece opciones para que empresas y ciudadanos puedan acogerse a procesos de remisión y reducción de intereses, multas y recargos de obligaciones con 11 instituciones públicas.
Para acceder al beneficio, los interesados deben pagar en la mayoría de casos el saldo del capital de la deuda.
En el proyecto inicial, el Ejecutivo consideró la amnistía para las obligaciones tributarias, aduaneras, vehiculares, de la seguridad social, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de servicios básicos que proveen las empresas de la Función Ejecutiva.
Con estas remisiones, el Gobierno esperaba inicialmente una recaudación de USD 602 millones en el 2018 y de USD 774 millones hasta el 2021.
Pero para el primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico, encargada del análisis de la iniciativa legal, incluyó en la amnistía los intereses, multas, costas procesales y recargos de obligaciones a cargo de la Superintendencia de Compañías.
En el Pleno de la Asamblea, la propuesta de remisión fue criticada por los asambleístas de diversas bancadas, principalmente por el grupo correísta. Soledad Buen día, por ejemplo, cuestionó la medida porque promueve la cultura del incumplimiento en el pago de impuestos.
Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana de Comercio de Pichincha (Capeipi) dijo que si bien la remisión incluyó a las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como a personas naturales, las mayores beneficiadas serán las grandes compañías.
Para el asambleísta correísta Cristóbal Lloret, esta remisión es un “baratillo de ofertas”, por incluir la condonación de todo tipo de obligaciones.
Pese a las observaciones, la Comisión decidió aceptar las propuestas para incluir en la amnistía a nuevos actores.
De esta forma, para el segundo debate se incorporó a los deudores de créditos educativos y becas otorgadas por el anterior Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), así como a los deudores de la Autoridad Única del Agua.
En las comparecencias, Norma Vallejo, de Alianza País (AP), expuso el caso de tres hospitales públicos que entre el 2005 y el 2006 no presentaron a la Contraloría los justificativos por el pago de horas extras a sus empleados.
La entidad determinó la devolución de los recursos percibidos, pero los intereses se acumularon por falta de pago.
La Asamblea incluyó a este grupo de funcionarios públicos como beneficiarios de la remisión para condonar el 100% de las multas, los intereses y los recargos.
Finalmente, por pedido del sector agropecuario y de legisladores como César Rohón, se estableció la remisión de los intereses y costas judiciales de deudas con el Banco Nacional de Fomento en liquidación.
En este caso las personas que estén en mora con la entidad financiera deberán pagar al menos el 1% del saldo de capital, dentro de 365 días.
Podrán, además, solicitar la reestructuración de deudas hasta por el doble del plazo original pactado, no mayor a 10 años, a una tasa del 5% anual.
Al asambleísta Lloret le preocupa el mantenimiento de la disposición general tercera que, en su opinión, vulnera el derecho de los trabajadores, al permitir que las empresas no reconozcan el pago de utilidades, si se acogen a la remisión.
La Comisión de Desarrollo Económico especificó que la disposición no aplicará en casos en los que existan sentencias firmes y ejecutoriadas en el ámbito laboral, lo cual obligará al recálculo de las utilidades correspondientes a los empleados.
Sin embargo, Lloret enfatizó que hay compañías privadas que están en juicios por más de 10 años, lo cual implica que, en esta oportunidad, incumplan con el derecho a favor de los trabajadores.
