Los 34 predios que se tenía previsto expropiar para llevar a cabo el proyecto de movilidad Quito Cables ya pertenecen al Municipio.
El viernes pasado (9 de junio) se empezaron a entregar las notificaciones a los dueños de las 16 propiedades con quienes la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) no pudo llegar a un acuerdo mutuo. Se espera que esta semana se termine de entregar los comunicados.
Con los 18 restantes, las autoridades negociaron y entregó la respectiva indemnización. Así explicó Juan Pablo Solórzano, gerente general subrogante de la Epmmop. En total, el Municipio ha desembolsado USD 1,4 millones en la expropiación de los 34 bienes.
De todas las expropiaciones realizadas, nueve fueron parciales, es decir, afectaron solo parte del terreno donde se levantarán las pilonas (columnas que sostienen al cable por donde pasa la cabina). Otras 25 fueron totales, para la construcción de las estaciones.
El proceso de expropiación de los Quito Cables, que irá desde la Roldós hasta La Ofelia, y ayudará a movilizar a los habitantes de 40 barrios , tomó cerca de seis meses.
Se desarrolló en medio de protestas de los afectados, quienes pese a recibir la notificación no están dispuestos a abandonar sus propiedades. Patricio Molina, uno de los ellos, contó que hasta ayer no recibió la notificación.
Aseguró que el momento en el que las reciban, los vecinos harán un simulacro del anillo de defensa: harán sonar las alarmas y todos los moradores, formarán un cerco en el contorno de la zona que pretende ser expropiada. Advierte que este ejercicio se repetirá si el Municipio, la Policía o los militares intentan ingresar por la fuerza al barrio.
Por su parte, Solórzano explica que el proceso de expropiación se inició con la socialización del tema en la comunidad. A cada afectado se le dejó una invitación en la puerta de su domicilio y se hizo una convocatoria tres días seguidos en un diario de alta circulación.
Los habitantes de San José del Condado se niegan a abandonar sus viviendas. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO
Con los asistentes se llevó a cabo una mesa de negociación, conformada por la directora de expropiaciones, el responsable de cada expediente, y el dueño del predio. Allí se acordó el valor a pagar.
La unidad de catastro del Municipio elaboró una ficha técnica valorativa para determinar el precio a pagar por la expropiación. Se tomaron en cuenta el tamaño del terreno, las áreas constructivas, cerramientos, etc. Además, las compraventas registradas.
Como parte del acuerdo, la Ley Orgánica de Contratación Pública permite al Municipio negociar el precio hasta por un 10% adicional al valor de la ficha. Esa fue una de las ventajas, dice el funcionario, de haber llegado a un acuerdo amistoso.
Con aquellas personas con quienes no se pudo negociar, el trámite fue distinto.
Solórzano dice que la expropiación es un recurso forzoso que no necesita de la aceptación de la persona para ejecutarse. Es decir, se puede determinar que debe ser expropiado un bien inmueble por razones de utilidad pública y que puede ser adquirido por el Estado, el cual deberá indemnizar a la persona por ese bien.
Así, el Municipio transfirió el valor de cada uno de los 16 predios a una cuenta del Consejo de la Judicatura y a cada persona se le notificó que su dinero se encuentra ya depositado. Si la persona desea puede aceptar y cobrarlo, caso contrario, contratar un abogado y pelear legalmente por un precio que considere justo.
Para el Municipio no hay paso atrás. En 45 días, todas las familias deberán abandonar sus viviendas para que las maquinarias inicien el derrocamiento de las actuales edificaciones y la construcción de la Estación La Mariscal, la más grande de las cuatro estaciones que formarán parte del circuito.
El pasado viernes 9 de junio, dirigentes de barrios como Pisulí, Colinas del Norte, Rancho San Antonio Alto, San José de Cangagua, El Rosal, La Comuna, Caminos de la Libertad, La Paz Cucho Hacienda, Catzuquí de Velasco, entre otros, se reunieron en la sede de la Cooperativa Jaime Roldós.
Leonardo Cuestas, presidente de la Cooperativa Jaime Roldós resaltó las bondades de este proyecto, e hizo un llamado a las personas que están en contra de la construcción de la línea norte de los Quito Cables. “Estoy invitando a una unidad a un diálogo a los vecinos del sector de abajo”.
Mientras en San José del Condado, en las paredes de los predios se leen frases en contra de los Quito Cables. “San José del Condado no cederá ni un centímetro de tierra. No Quito Cables”.
Carmen Simbaña, moradora de San José del Condado, comentó que no está dispuesta a dejar su vivienda. Esta tiene cuatro plantas y le ofrecen por la expropiación USD 110 000. “En mi casa está el esfuerzo de mis 17 años de trabajo. Yo estoy jubilada porque se me rompieron mis tendones”.
Patricio Molina, representante de San José del Condado, sobre el proceso de expropiación fue tajante en su respuesta: “nosotros no vamos a abandonar nuestro predios”.
