La fiscal suprema peruana Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, insistió el 12 de octubre en que las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo son obstaculizadas. Esto por “presiones intensas” de la presunta organización criminal que lideraría el Jefe de Estado.
“La presión del poder que venimos siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos. Esa es la diferencia entre una organización criminal estructurada”, declaró la fiscal suprema, en una entrevista con la televisora Canal N.
Barreto agregó que, incluso, algunos miembros del Ministerio Público que investigan preliminarmente a Castillo por presuntamente encabezar una red corrupta en su Gobierno, han recibido “amenazas de muerte”. Señaló que “eso es, tal vez, la gota que derramó el vaso. Para que la fiscal (general) de la Nación, Patricia Benavides, presentara el martes 11 de octubre en el Congreso una denuncia constitucional” contra el Gobernante.
De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna. Así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.
Pero la Fiscalía cree que la denuncia constitucional permite determinar si las personas con inmunidad cometieron delitos. Como abuso de autoridad o corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Las acusaciones
Las investigaciones han revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Según la Fiscal General. El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”.
Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”. El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su exministro de Transportes, Juan Silva (prófugo), favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.
Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país. También por su supuesta pertenencia a esta banda. De la que formarían parte también los sobrinos fugados de Castillo: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo G.
Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, exsecretario de Castillo, al que se le requisaron USD 20 000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.
Obras sospechosas
La red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrar con contratos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.
Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa ‘Cuarto Poder’ gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano, acompañada del empresario local Hugo Espino.
El ‘impasse’ de los ascensos
Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Wálter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos procedimientos.
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