La destitución por parte del Congreso peruano del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, su reemplazo por Dina Boluarte y posterior encarcelamiento no dejaron indiferentes a los gobiernos de la región.
Algunos como el régimen ecuatoriano presidido por Guillermo Lasso o el del chileno Gabriel Boric rechazaron la ruptura del orden constitucional protagonizado por Castillo cuando anunció la disolución del Legislativo y la formación de un gobierno de emergencia; y, una vez posesionada Boluarte, saludaron el reestablecimiento de la democracia en el país.
Sin embargo, hubo otros, aquellos que se considera alineados directamente con la línea política progresista en la que se ubica a Castillo, que salieron en su defensa de inmediato, atribuyendo la actual situación que se vive en Perú no a la acción del exmandatario sino a presuntas maniobras de la derecha de ese país.
Se encuentran en esa línea entre otros el venezolano Nicolás Maduro, el colombiano Gustavo Petro, el primero en solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, sobre todo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia de los pedidos y retórica de los dos primeros y otros más, López Obrador lideró desde el comienzo una intensa actividad diplomática encaminada a otorgar asilo al propio Pedro Castillo y a su familia, lo que ha generado roces con la nueva administración peruana que ha calificado a esta actitud de injerencia en asuntos internos.
La situación entre los dos países llegó a tal punto que el martes 20 de diciembre el nuevo gobierno peruano expulsó al embajador de México, Pablo Monroy, al tiempo que concedió salvoconductos para que la esposa e hijos de Castillo viajaran al país norteamericano.
El miércoles (21 de diciembre), la familia del expresidente salió de Perú rumbo a México junto con el representante diplomático de López Obrador, no sin que antes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificara como una decisión “infundada y reprobable” la expulsión peruana de su subalterno.
Entre tanto, este 22 de diciembre varios familiares del exmandatario peruano se reunieron con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra en Lima en una visita técnica para abordar la crisis social y política.
A la reunión celebrada en un hotel del acomodado distrito limeño de San Isidro acudieron la hermana del expresidente Gloria Castillo, así como su sobrina Vilma Vásquez, quienes entraron en el edificio donde se encontraban integrantes de la misión del organismo internacional acompañadas de otras tres personas.
La víspera, el propio exjefe de Estado pidió que la delegación de la CIDH lo visite “de manera urgente” en la prisión de Lima donde cumple 18 meses de prisión preventiva.
El exmandatario aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, que está “privado arbitrariamente” de sus derechos y que decidió publicar un comunicado, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera, “ante la visita de la CIDH en el Perú”.
Visita nuestros portales: