Brasil amaneció el miércoles 12 de abril de 2017 en shock tras la crisis desatada por una ola de investigaciones masivas sobre la corrupción en el poder político, mientras el gobierno buscaba bajarle el tono a una situación que golpea al gabinete y a la cúpula del Congreso.
La lista divulgada la noche del martes 11 de abril apunta contra el núcleo duro del Legislativo y del Ejecutivo, que gobierna Brasil desde que Michel Temer llegó a la presidencia en 2016 tras la destitución de Dilma Rousseff por manipular las cuentas públicas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó 76 procesos contra 98 personas, que involucran a ocho ministros -inicialmente se reportaron nueve, pero la corte aclaró que un caso fue devuelto a la fiscalía para ser revaluado-, un tercio del Senado (24 de 81) , casi 40 diputados y tres gobernadores, sin distinción de ideologías.
La noticia literalmente vació al Congreso en la víspera, y amenaza con frenar las reformas económicas que impulsa Temer para sacar al país de la recesión.
Pero el equipo de Temer buscó transmitir “ normalidad ” a primera hora del miércoles. “No hay hechos nuevos, los nombres eran los que ya se estaban mencionando. El gobierno continúa trabajando y ahora es una cuestión individual que permitirá defenderse a cada ministro acusado”, dijo a la AFP una fuente del Palacio de Planalto que pidió no ser identificada.
Temer dijo que suspenderá transitoriamente a sus ministros si las investigaciones basadas en las “delaciones de Odebrecht”, empresa clave en la red que desvió USD 2 000 millones de Petrobras, se convierten en denuncias y los forzará a renunciar si los casos llegan a juicio.
Las confesiones no son consideradas pruebas a menos que así sea constatado en una corte.
Para el politólogo de la Universidad de Brasilia, David Fleischer, el gobierno sentirá el golpe sobre su primer círculo de asesores. “El ya debilitado presidente Michel Temer quedará aún más débil y quizá pierda el control de su grupo de apoyo en el Congreso, donde hay muchos ‘desesperados’, mirando sus posibles reelecciones en 2018”, escribió Fleischer en un informe.
“Este episodio atrasará y dificultará la aprobación de las reformas (…) Los inversores (domésticos y extranjeros) que ya están siendo ‘cautos’ con Brasil adoptarán posiciones aún más rigurosas de ‘mirar y esperar’ ” , añadió.
El posible alcance del vínculo entre política y finanzas opacas puede observarse al leer los nombres de los cuatro expresidentes mencionados en la lista: el hoy senador Fernando Collor (1990-1992) y los exmandatarios Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) , Rousseff (2011-2016) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) , todos remitidos a tribunales inferiores.
Lula ya enfrenta cinco procesos vinculados a Lava Jato. El próximo 3 de mayo, el hombre que lidera los sondeos de intención de voto para las presidenciales de 2018 se verá cara a cara con su némesis: el juez Sergio Moro, devenido en ícono de la lucha contra la corrupción.
El propio Temer ha sido rozado por el escándalo, pero la Constitución impide investigarlo. Medios locales dijeron que el expresidente José Sarney (1985-1990) también aparece en las confesiones de Odebrecht.
De corroborarse, estarían involucrados todos los ocupantes del Palacio de Planalto desde el retorno de la democracia a mediados de los años 80, a excepción de Itamar Franco (1992-1995) , que falleció.
Otros nombres de peso bajo la lupa de la justicia son Eliseu Padhila, jefe de Gabinete; Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia -ambos del PMDB de Temer-; y el canciller Aloysio Nunes, del PSDB (centro) , principal aliado de la coalición en el poder.
El cuadro del primer escalón de poder se completa con los ministros Blairo Maggi (Agricultura) , Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología) , Helder Barbalho (Integración Nacional) , Bruno Araujo (Ciudades) y Marcos Pereira (Comercio Exterior) .
La lista incluye al presidente del PMDB, Romero Jucá; al líder del PSDB (centro) y excandidato presidencial Aecio Neves; y a los titulares del Senado, Eunicio Oliveira (PMDB) , y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM, derecha) .
El juez Edson Fachin del STF, a cargo de las causas de la Operación Lava Jato, devolvió a la fiscalía el proceso sobre el ministro de Cultura, Roberto Freire, para que lo revalúe, pero no fue descartado.