Vista de un barrio destruido despuès de ser inundado por el río Cauca en la municipalidad de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia, Colombia, el 13 de mayo de 2018. Màs de 600 personas fueron evacuadas en el noreste de Colombia debido a las inundaciones del rìo principal que alimenta el proyecto hidroelèctrico Hidroituango. Foto: Agencia AFP
Una autoridad ordenó suspender temporalmente la construcción de la mayor central hidroeléctrica de Colombia, en riesgo de colapso, por su posible impacto ambiental, según una resolución divulgada este viernes 29 de junio de 2018.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) señala en el documento que “impone medida preventiva a la empresa Hidroeléctrica” hasta que un experto certifique “la existencia o no de condiciones de riesgo que puedan derivar en impactos sobre el ambiente”.
Sin embargo, la suspensión excluye los trabajos que se vienen realizando para evitar el colapso de la represa ubicada en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Ni el seguimiento y monitoreo del proyecto, ni las “actividades de desmantelamiento que sean necesarias para superar el riesgo” se verán afectadas por la orden, informó la ANLA.
Desde el pasado 12 de mayo, el derrumbe de uno de los túneles de desviación de agua que alimenta a la central puso en riesgo la estabilidad de la megaobra, que prevé cubrir casi una quinta parte de la demanda energética de Colombia.
A raíz de esa contingencia, miles de pobladores tuvieron que ser evacuados temporalmente.
La compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM), socio principal del proyecto Hidroituango, indicó que suspenderá “transitoriamente las actividades” que no guardan relación con la contingencia.
Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
Camargo Correa está siendo investigada en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato (lavadero de autos), que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal y político de Brasil, con ramificaciones en decenas de países.
La fiscalía colombiana investiga la contratación y adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.