La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó en segunda instancia a 40 años de prisión a dos militares del Ejército sindicados de haber participado en el asesinato de un grupo de campesinos en 2003, quienes posteriormente fueron presentados como paramilitares muertos en combate, informaron hoy 14 de abril fuentes oficiales.
De acuerdo con la sala penal de la Corte, los uniformados son responsables de los delitos de “homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, desaparición forzada, tortura en persona protegida, secuestro extorsivo, hurto calificado y cohecho”, por la muerte de cuatro labriegos en el departamento de Tolima (centro).
En la investigación, la Fiscalía pudo determinar que los militares adscritos a la Sexta Brigada del Ejército “retuvieron a cinco personas a las que señalaron de pertenecer al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, grupo paramilitar desmovilizado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Según el ente acusador, los labriegos “fueron golpeados, torturados y asesinados con tiros de gracia“. Sin embargo, uno de ellos logró escaparse y dio aviso a las autoridades convirtiéndose en pieza clave de la investigación. Las ejecuciones de civiles por parte de militares en medio del conflicto armado que afecta al país, conocidas como ‘falsos positivos’, empezaron a llamar la atención en 2008 cuando se estableció que unos jóvenes encontrados muertos y acusados de pertenecer a grupos armados ilegales eran desempleados y drogadictos.
Familiares de las víctimas coincidieron en señalar que todos ellos habían sido contactados por desconocidos que llegaron al municipio Soacha, contiguo a Bogotá, y les hicieron ofertas de trabajo en otros lugares del país.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que dentro del Ejército operó una red dedicada a buscar a jóvenes para usarlos como “carne de cañón”, con el objetivo de ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate. Con esos ‘falsos positivos’ los militares comprometidos en las irregularidades buscaban el reconocimiento de sus superiores y “premios” como días de descanso. De acuerdo con cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3 000 víctimas en Colombia y al menos 1 622 investigaciones que involucran a casi 4 000 miembros de la fuerza pública.