La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró hoy de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.
La presidenta enviará al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de “interés público nacional” el sector de hidrocarburos, según se anunció en un acto encabezado hoy por Fernández en la Casa Rosada y transmitido en cadena nacional.
De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, de 19 artículos.
La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a “adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos”.
El proyecto incluye la “remoción de la totalidad de directores” de la compañía y pretende garantizar la “continuidad operativa”.
El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.
LAS CLAVES DEL PROYECTO
El Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% del patrimonio de YPF, correspondiente a casi la totalidad de las acciones de la española Repsol. El resto, seguirá en manos de la familia Eskenazi y otros accionistas minoritarios.
De las acciones expropiadas, el Gobierno retendría el 51% y las restantes quedarán bajo la administración de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI). Es decir que, Nación controlará el 26,01% del total de la compañía y las provincias productoras de petróleo, el 24,99%.
La iniciativa propone la remoción de los actuales de los directores y de los síndicos, titulares y suplentes de la petrolera.
Los interventores estatales en la petrolera serán el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.
El proyecto fue denominado “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y declara “de interés público” de la riqueza petrolera del territorio nacional.
YPF seguirá siendo una sociedad anónima.
LA REACCIÓN ESPAÑOLA
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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo (izquierda) y el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la decisión de Argentina de expropiar a la petrolera YPF. Foto: Reuters
El gobierno español consideró este lunes una “decisión hostil” la expropiación por Argentina de parte de YPF, filial de la principal petrolera española Repsol, que “rompe el clima de cordialidad y amistad” entre ambos países, y anunció que tomará “medidas claras y contundentes”.
“El Gobierno anuncia que tomará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El canciller español hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras una reunión de urgencia con el jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy, para tratar la situación creada por la expropiación de un 51% de YPF, participada mayoritariamente por Repsol.
“Este gobierno, a diferencia de otros no suele tomar sus decisiones en reuniones de urgencia. Las medidas estaban estudiadas, pero tendrán que ser adoptadas previa consideración conjunta y se anunciará cuando sea oportuno, pero no en un momento de arrebato por la indignación que ha producido al gobierno esta medida”, añadió Margallo.
“Serán medidas claras y contundentes”, insistió el ministro Soria.
“Es una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre países amigos y aliados”, añadió el canciller español.
El ministro Soria denunció, por su parte, que la decisión argentina supone el incumplimiento del pacto verbal al que llegó en Buenos Aires en febrero con las autoridades argentinas por las que “cualquier tipo de diferencia en relación a la empresa YPF debía ser resuelta amistosamente por los grupos de trabajo que los dos gobiernos constituían”. AFP