3 de octubre de 2019 22:08

Situación financiera de Odebrecht conspira contra acuerdo dice fiscal peruano

El fiscal que lleva el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, habla con la prensa este miércoles 2 de octubre del 2019 tras llegar a la sede del Ministerio Público Federal en el estado de Paraná para interrogar al ingeniero brasileño Jorge Barata, implicado

El fiscal que lleva el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, habla con la prensa este miércoles 2 de octubre del 2019 tras llegar a la sede del Ministerio Público Federal en el estado de Paraná para interrogar al ingeniero brasileño Jorge Barata, implicado en el escándalo de Odebrecht, en Curitiba (Brasil). EFE

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Agencia EFE

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La difícil situación financiera de la constructora brasileña Odebrecht "conspira" contra el acuerdo de colaboración eficaz establecido entre la compañía y el Ministerio Público peruano, afirmó este jueves 3 de octubre del 2019 en Curitiba (sur) el jefe del Equipo Especial Lava Jato en el país andino, Rafael Vela.

"Las dificultades de carácter financiero conspiran contra la ejecución de estos acuerdos de colaboración eficaz y como fiscales privilegiamos la averiguación de la verdad", declaró Vela a periodistas en la sede de la Procuraduría Regional de Brasil en Curitiba, donde se concentran las investigaciones de la Lava Jato.

Vela encabezó un equipo de fiscales peruanos que desde el miércoles interrogó al exapoderado de Odebrecht en Perú Jorge Barata y a otros dos exejecutivos de la compañía.

No obstante, la segunda parte del interrogatorio a Barata, prevista para la tarde del miércoles, se debió suspender por problemas de logística argumentados por su defensa, que, según ella, no tuvo acceso a dos sistemas de información de datos debido a la "falta de recursos".

"Defendemos una herramienta de legalidad muy valiosa y no defendemos a una persona jurídica en particular", apuntó Vela, para quien el equipo peruano de la operación anticorrupción Lava Jato traba para alcanza "la proscripción de la impunidad que quiere la sociedad".

Mientras transcurrían los interrogatorios en Curitiba, el banco estatal brasileño Caixa Económica Federal pidió a la Justicia que decrete la bancarrota del grupo Odebrecht, envuelto en un escándalo de corrupción internacional y que este año solicitó acogerse a la ley de quiebras para reestructurar su millonaria deuda.

En la sesión de este jueves, los fiscales peruanos, acompañados del procurador de la Lava Jato en Perú, Jorge Ramírez, quien vela por la reparación civil al Estado, y del procurador federal brasileño, Orlando Martello, interrogaron al exejecutivo Eleuberto Martorelli, uno de los responsables de contratos regionales en Perú.

"El señor Martorelli ha cumplido con su obligación de someterse a la acción de la Justicia. Ha brindado importante información de varios proyectos en los que tuvo participación directa", entre finales de 2008 y 2012, y el interrogatorio, apuntó Vela, fue "más flexible por su directo rol y participación como ejecutivo".

De acuerdo con el jefe fiscal, Martorelli "ha revelado seudónimos y se ha establecido una serie de detalles de los grados de participación y las personas relacionadas en los proyectos en los que él ha participado", aunque por "reserva estratégica" Vela omitió los nombres.

Los interrogatorios a Barata, Martorelli y Marko Antonio Harasic Angulo buscaron identificar por lo menos 71 seudónimos que aparecen en una lista de caja 2, conocida como División de Operaciones Estructuradas de la constructora, para el presunto pago de coimas y según Vela "varios nombres fueron decodificados".

Para este viernes, y sin interrogatorios, los fiscales peruanos tendrán una reunión técnica con sus pares brasileños para definir "procedimientos", "actualizar los procesos" y determinar las fechas para la próxima audiencia pendiente con Barata, probablemente en noviembre, en Sao Paulo.

El pasado 16 de febrero, los fiscales peruanos firmaron en Sao Paulo un acuerdo en el que Odebrecht se dispuso a entregar documentos "valiosos" y a pagar 610 millones de soles peruanos (unos 185 millones de dólares) al gobierno del país andino por los sobornos realizados.

Se sospecha que entre los 71 seudónimos que deben ser decodificados varios corresponden a congresistas del disuelto poder Legislativo peruano, incluso el de algunos que pretendieron en las últimas horas abandonar su país.

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