Redacción Política
Los 11 asambleístas que integran el denominado bloque progresista radicalizaron sus posiciones frente al presidente Rafael Correa y a la mayoría oficialista de Alianza País.
El viernes, durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el Movimiento Popular Democrático y Pachakutik y un asambleísta con ideología socialista no votaron por la designación de las nuevas autoridades legislativas, que recayeron en Alianza País.
Tres son los principales temas que alejaron al MPD del oficialismo -pese a que la lista 15 perteneció a la mayoría que dominó la Asamblea Nacional Constituyente y una temporada del llamado ‘Congresillo’-: las reformas a la Ley de Escalafón del Magisterio, la ley General de Educación Ley Minera.
Jorge Escala, ex presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dijo que su agrupación política – de extrema izquierda-no dará paso a una mayoría que atente contra la estabilidad laboral de los maestros fiscales.
Según el representante nacional, con las reformas planteadas a la ley de Escalafón del Magisterio, el Régimen intenta mandar al desempleo a los maestros y esas vacantes llenarlas con militantes de Alianza País.
También cuestionó que todas las dignidades legislativas pertenezcan únicamente a la agrupación política que controla la Asamblea. Escala perteneció a la Comisión Administrativa de la Constituyente y su coideario Abel Ávila también estuvo en la dirección del ‘Congresillo’.
Los cuestionamientos a la mayoría también se dan por las personas que Movimiento País propuso para las dos vicepresidencias de la Asamblea. Según Escala, Irina Cabezas y Ronaldo Panchana “representan a los interesas de la derecha que está enquistada en el Gobierno”.
Pachakutik también tiene cuestionamientos a la mayoría oficialista. Lourdes Tibán considera que es urgente reformar la Ley de Minería, que fue aprobada por la Comisión Legislativa.
Este sector de la izquierda considera fundamental también que la Asamblea de otro giro al proyecto de Ley de Aguas, que está en discusión en el Legislativo.
“No es un problema personal con el presidente Rafael Correa, es un tema de conceptos ideológicos y políticos en temas que son muy sensibles en las comunidades a las que representamos”, comentó la asambleísta.