6 de septiembre de 2018 00:00

Dos militares procesados por supuesta ejecución extrajudicial en el 30-S

Sandra Jiménez, hermana del policía, acudió a la Fiscalía de Pichincha. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Sandra Jiménez, hermana del policía, acudió a la Fiscalía de Pichincha. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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En ocho años, la familia del policía Froilán Jiménez vio cómo las promesas que recibió nunca se concretaron.

El Gobierno anterior les ofreció casa, becas, trabajos, ayuda psicológica, préstamos y justicia, para descubrir quién mató al agente la noche del 30 de septiembre del 2010 (30-S).

Sandra Jiménez, hermana de la víctima, afirmó este miércoles 5 de septiembre del 2018 que ni sus padres, hermanos ni el único hijo del uniformado, que en octubre cumplirá 10 años, se han beneficiado de algo. “Tampoco estábamos tras eso. Lo único que pedimos es conocer la verdad y que se señale a los responsables del crimen”.

Para ella, las últimas acciones emprendidas por la Fiscalía renovaron su esperanza de encontrar justicia. Sobre todo, después de que la entidad presentara cargos en contra del mayor del Ejército Wilson Nájera y del teniente coronel Vicente Reina, acusados por una supuesta ejecución extrajudicial de Jiménez. Pero los dos no están presos sino que deberán presentarse dos veces por semana y no pueden dejar el país.

Durante la audiencia, que se realizó por la mañana, el fiscal Fabián Salazar presentó 36 evidencias. Una de estas es la pericia de trayectoria balística. El informe confirma que el proyectil que mató al policía salió de la parte posterior de un jeep rojo, ubicado en la av., Mariana de Jesús, frente al Hospital de la Policía, en el norte de Quito.

Esa noche, Jiménez, de 28 años y el tercero de nueve hermanos, fue alcanzado por un proyectil de 5,56 mm., que perforó su chaleco antibalas.

Su carrera policial empezó cinco años antes, cuando dejó de labrar el campo, en su natal San Antonio de las Aradas, del cantón Quilanga, en Loja, para convertirse en Policía. Su sueño era ser miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y en el 2009 lo cumplió.

La noche del 30-S, el equipo de Jiménez fue el encargado de proteger con sus escudos el vehículo en el cual salió el expresidente Rafael Correa del Hospital policial.

La hermana recordó que tras el primer año de la muerte, su familia tuvo que organizar una rueda de prensa para pedir que no se utilizara más el video de la muerte del joven, pues aparecía junto al lema ‘30-S, prohibido olvidar’.

Dijo que en los años siguientes visitaron al expresidente Correa, hablaron con fiscales y funcionarios, pero “todas las puertas nos cerraron”. Incluso, dijo, parte del expediente del caso fue sacado de la Fiscalía y no se supo qué pasó.

Ella dice que hay más hechos que preocupan. Tras la declaración de un militar procesado, la familia conoció que el fusil HK, del que habría salido la munición que mató al agente, está desaparecido.

El sospechoso contó que su arma de dotación fue robada por un grupo de ocho policías sublevados la noche del 30 del septiembre del 2010, 30-S.

También señaló que presentó un informe de ese hecho a su jefe, pero el documento se encuentra bajo reserva.

Para Rafael Pérez, abogado de los militares procesados, sus clientes no tuvieron participación en la muerte del policía. Sostuvo que era ilógico que ellos hubieran atacado a Jiménez, pues ambos equipos, el policial y el militar, “tenían el mismo objetivo: rescatar al expresidente Rafael Correa”.

Sobre la pérdida del fusil, Pérez dijo este miércoles que “en su debido momento” sí se denunció el hecho a la Fiscalía. Y resaltó que hasta ahora no se ha comprobado que alguno de sus clientes disparó contra el policía.

Otro ofrecimiento que el anterior Gobierno hizo a la familia del policía fue la desclasificación de los informes sobre la muerte. Pero esto tampoco se cumple hasta el momento.

Los allegados han dejado tres cartas en Presidencia, en las que piden a Lenín Moreno que levante la confidencialidad de la información. Pero hasta el momento, sus cartas tampoco han tenido respuesta.

En las 39 carpetas que conforman el expediente fiscal hay otras evidencias como un examen de reconocimiento humano, planimetría en 3D, videos de los canales de televisión en donde se muestra el momento del disparo, etc.

Lo que todavía no se ha adjuntado al proceso es la nómina de los 900 militares que participaron en la operación de rescate de Correa.

Los agentes procesados contaron que durante la operación “no se perdió la cadena de mando” y que fueron dirigidos por Luis Castro, comandante de las Brigada de Fuerzas Especiales Patria y que luego llegó a ser el encargado de la seguridad de la casa Presidencial y comandante del Ejército.

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