Redacción Política
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La Caravana de la Comunicación, organizada por la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador (Corape), llegó ayer a Quito. Mientras en la Plaza del Teatro hubo danza, música y magia, a pocos pasos, en el Café del Teatro, se debatía sobre su visión de la comunicación en el país.
Expertos, representantes de medios alternativos y populares y catedráticos se reunieron para elaborar propuestas para su ley de Comunicación. Se preguntaron dos cosas: ¿qué medios tenemos y qué medios queremos?
A la primera inquietud, las respuestas fueron similares: “Los medios están en manos privadas”, “se discrimina a los sectores populares”, “la repartición de frecuencias no es equitativa”, “tienen una deuda con la educación”.
Al contestar la segunda interrogante, hubo soluciones. Para Alexander Amézquita, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), aunque se garantice el acceso equitativo a los medios (entre lo popular, lo público y lo privado), se debe pensar en la sostenibilidad de los proyectos. “Hay que discutir, no distribuir frecuencias porque sí”.
En esa misma línea, Ivonne Rico, también de ALER, cree que la ley no debe únicamente mejorar la distribución del espectro radioeléctrico, sino pensar en un proceso. “Nos llega la frecuencia, pero resulta que no tenemos capacidad de administrarla”.
En otro aspecto, hablaron sobre la situación actual de los medios de comunicación. El catedrático Hernán Reyes sostuvo que estos atraviesan por una crisis de legitimidad, relacionada con la política de Gobierno. “La satanización de los medios, desde el Gobierno, genera polarización en la sociedad y no aporta al debate”.
Por ello, durante el encuentro, los representantes de los medios populares y los pensadores de la comunicación solicitaron al Gobierno que presente su propuesta de ley. El temor de Menthor Sánchez, representante del movimiento indígena, es que ocurra algo similar que con la ley Minera. “Se pasó la ley del Gobierno, lo mismo ocurrió con la de Soberanía Alimentaria y la de Aguas”.
También les inquieta que detrás de la asignación igualitaria de frecuencias, el Régimen quiera cooptar a los medios comunitarios a más de los públicos. “Caeríamos en el mismo juego. Si reparte 600, pero se queda con 500, da lo mismo”, añadió Rico.
Respecto al control, aunque reconocieron que el Estado debe mantener rectoría en el tema técnico, para la cuestión de contenidos no plantearon la censura ni un sistema punitivo. Coincidieron en que los códigos de ética deben facilitar la regulación, y que estos no deben ser impuestos, sino desarrollados por cada medio.
Gustavo Gómez, experto uruguayo, anotó que los códigos de ética no funcionarán como censura, sino como medida de protección ciudadana, y que por eso no deben ser administrados por el Estado. Las ideas de la Caravana de la Comunicación se suman a las dos propuestas de ley que ya están en la Asamblea Nacional.