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Tras la matanza de 79 presos, perpetrada en febrero, el sistema de vigilancia en las cárceles aún es frágil

La fuerza pública controló a los presos tras el amotinamiento del miércoles.

La fuerza pública controló a los presos tras el amotinamiento del miércoles.

Los militares vigilaron la Penitenciaría del Litoral tras la muerte de cinco reos, el miércoles. Foto: EL COMERCIO

El cruce de balas en la Penitenciaría del Litoral duró casi una hora. Los presos descargaron cerca de 500 proyectiles de pistolas, revólveres y fusiles.

Los hallazgos están en poder de fiscales y policías que rastrean detalles sobre la balacera que dejó cinco internos muertos y heridos, el miércoles.

Las investigaciones iniciales muestran que los líderes de Los Choneros ordenaron a sus emisarios, recluidos en los pabellones 9 y 12, que atacaran a sus enemigos, Los Lobos, que se encuentran en el pabellón 8.

En la arremetida destruyeron barrotes, candados y paredes. Incluso se usó una granada para evitar que la Policía ingresara a una sección de los presos. Personal antibombas desactivó ese explosivo.

Con base en esos detalles, los agentes indican que este nuevo hecho violento fue planificado y una de las motivaciones fue la venganza por la masacre del pasado 23 de febrero.

Ese día, los enfrentamientos entre redes delictivas dejaron 79 detenidos muertos en las cuatro cárceles más grandes del país: Turi, Cotopaxi, Penitenciaria de Guayaquil y en la Regional de Guayas.

Dos meses después de esa matanza, ¿qué ocurre en los centros carcelarios? Los agentes que trabajan en la custodia de estos sitios advierten que los avances para mejorar las seguridades son mínimos.

Se han comprado 6 000 candados para las cuatro prisiones, se han arreglado los barrotes dañados. Falta aún reparar los escáneres, las cámaras de videovigilancia e instalar los inhibidores para celulares.

Por eso, la Policía dice que se vuelve difícil detectar el ingreso de armas u objetos prohibidos. Tampoco pueden conocer los lugares donde los presos guardan su arsenal. De hecho, el miércoles los agentes apenas pudieron decomisar tres armas de fuego, pese a que en la balacera se sospecha que participaron unos 40 internos.

Rehabilitación confirma que las falencias siguen en las penitenciarías. Su titular, Edmundo Moncayo, habló con EL COMERCIO dos días antes de los últimos cinco crímenes.

Mencionó que “la situación es compleja” y que en los últimos dos meses han recibido a diario alertas de violencia. Confirmó que las bandas aliadas con carteles mexicanos están activas en las celdas.

La fuerza pública controló a los presos tras el amotinamiento del miércoles.

Ayer, por ejemplo, en la prisión de Esmeraldas fueron hallados dos presos ahorcados.

Esta novedad fue reportada al sistema ECU-911 en horas de la mañana. Las autoridades no revelaron la identidad de los fallecidos ni las causas que motivaron este hecho.

En este sitio hay reos vinculados con grupos delictivos y señalados por los actos violentos perpetrados en febrero.

Tras el hallazgo de los cuerpos, la Policía ejecutó un operativo de requisa. En los pabellones se incautaron de celulares, cables y cintas adhesivas.
En estos controles participaron militares y policías. Esta vez no se reportó alteración del orden.

En este centro carcelario de Esmeraldas guardan prisión
1 638 personas privadas de la libertad, según las estadísticas levantadas a marzo del 2021. Su capacidad es de apenas 900.

Moncayo señala que para bajar las tensiones se trabaja en una serie de proyectos a largo plazo, aunque admite que la mayoría de estos cambios no se concretará hasta la finalización del actual Gobierno.

Uno de esos procesos es el ingreso de 198 nuevos guías penitenciarios. Todos ellos trabajarán en las dos cárceles del Puerto Principal.

Los guías deben completar dos capacitaciones con la Policía sobre mantenimiento del orden o antidisturbios y otra con los militares, para control de armas. Esas fases se realizarán las próximas dos semanas.

Así permaneció este jueves 29 de abril del 2021 las afueras de la Penitenciaría. Foto: EL COMERCIO

Luego, Rehabilitación les entregará sus equipos de dotación: cascos, chalecos antibalas y escudos. Esos insumos no serán nuevos. Las compras se están iniciando, según las autoridades. Algo similar pasa con 250 pistolas eléctricas. Unas 100 están en reparación y se adquiere gas lacrimógeno.

Moncayo indica que pese a la incorporación de personal, el déficit de guías persistirá. “El próximo Gobierno debe completar unos 300 custodios”.

Mientras se trata de reforzar las seguridades, en Cotopaxi, por ejemplo, hace 15 días la Policía descubrió un vehículo abandonado frente a las puertas de la cárcel. En el automotor había dos granadas tipo piña, un fusil FAL y una pistola 9 milímetros. Tres semanas antes, en cambio, un hombre fue detenido tras intentar escalar los muros de la prisión con 20 cuchillos y paquetes de droga.

En Azuay, la situación es similar. Tras la masacre, la Policía Nacional se ha incautado de 400 puntas de metal que eran usadas como armas, 21 cuchillos y al menos 50 celulares.

Para evitar más conflictos entre reos, en los últimos dos meses se ha movido a 180 presos a distintas cárceles del país.

Por ejemplo, de Guayaquil se trasladaron 100 a Babahoyo, Ambato, Bahía de Caráquez, Tulcán y Riobamba.

En tanto que de Turi fueron llevados 35 a Guayaquil.

A otros 45 reclusos de Cotopaxi también los trasladaron al Puerto Principal.
A más de estas medidas, la Corte Constitucional pidió que Rehabilitación trabajase en más proyectos a largo plazo.

Uno de esos es la adecuación de áreas exclusivas para personas vulnerables, como presos mayores de 65 años, personas con enfermedades catastróficas y con discapacidad.

Esto tampoco se ha cumplido en las cuatro prisiones en donde operan las mafias.