Un policía muestra la manera en que camuflan las rocas. Foto: EL COMERCIO
Bajo las uñas aún tiene tierra. Solo es un adolescente y el martes bajó de las minas de Buenos Aires con un billete de USD 100. Casi no habla. Entra a la única tienda de San Gerónimo e intenta comprar una tarjeta de celular de USD 3. En ese pequeño pueblo, de apenas cinco casas, sin señal de teléfono ni de radio, los billetes de esa denominación abundan.
EL COMERCIO llegó a esa zona de Imbabura esta semana. La gente sabe que todo cambió desde finales del 2017, cuando estalló la minería ilegal. Por su cercanía a Buenos Aires, San Gerónimo se convirtió en un punto de tránsito y descanso de quienes viven de esa actividad ilícita.
Por allí transitan hombres y mujeres de Esmeraldas, Imbabura, Azuay, El Oro, Carchi e incluso extranjeros. Los que salen de las minas llevan botas de caucho cubiertas con tierra seca. Los que entran visten ropa limpia, sandalias o zapatillas. Cargan bultos con víveres, papel higiénico y linternas. Todos permanecen en silencio.
Desde agosto, la Policía montó en San Gerónimo un control para vehículos y peatones que van a Buenos Aires. Cuatro agentes, con chalecos antibalas y armas, se unieron a los equipos antidrogas que ya operaban en el pueblo.
En un patio de retención de la Policía de Ibarra hay camiones, tráileres, tanqueros, etc. cargados con roca mineralizada extraída en Buenos Aires. Fotos: El Comercio
Los operativos se redoblaron para evitar que se agudizarala violencia, pues informes de Inteligencia muestran que la roca no es lo único que se moviliza ilegalmente. También se detectó la presencia de grupos armados que dan seguridad a las actividades ilegales.
Hay información que muestra cómo operan los denominados equipos de choque, que usan vehículos de alta gama y sin placas para proteger el material mineralizado. Se movilizan en las noches y madrugadas, pero también en el día, e intentan evitar a los policías.
Mueven miles de dólares en efectivo. Los investigadores saben que hay grupos que viajan hasta con USD 150 000. Dicen que sirve para sobornar en las vías y agilitar el paso de las cargas ilegales y para pagar a la red de colaboradores.
En diciembre pasado fueron capturados cinco agentes aduaneros. Ellos están acusados de concusión, porque supuestamente recibieron dinero a cambio de permitir el paso de una volqueta con piedra mineralizada.
En Urcuquí, el cantón imbabureño al que pertenece Buenos Aires, la Fiscalía está repleta de causas relacionadas con minería ilegal. El 90% de los expedientes tiene que ver con ese tema. Hasta diciembre del 2017, cuando comenzó la llamada ‘fiebre del oro’, los delitos que más se indagaban allí eran violencia sexual y agresiones contra la mujer. Ahora, en esa localidad incluso opera una Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía.
En San Gerónimo, agentes vigilan a personas y carros que suben a Buenos Aires. Foto: EL COMERCIO
Este Diario revisó los expedientes que involucran a las redes ilegales de la minería y encontró que, en el 2018, en ese cantón se perpetraron cuatro crímenes violentos. La gente dice que eso no había sucedido antes. El primer asesinato ocurrió el 3 de abril, cuando desconocidos balearon a un poblador. Sus restos fueron encontrados un día después, además con un corte en el cuello y maniatado sobre una carretilla.
Otra víctima es un colombiano de 58 años, dueño de una de las poleas que se instalaron para pasar los sacos de piedra mineralizada de una montaña a otra. Su cuerpo, también con impactos de bala, fue abandonado en una quebrada cerca de una zona llamada Mina Vieja.
Está, además, el caso de un adolescente de 15 años. Dos menores involucrados dijeron a la Policía que otro muchacho, que trabaja en las minas, les ofreció USD 5 000 para terminar con su vida.
La Fiscalía indaga también el violento ataque ocurrido en noviembre del 2018, cuando dos camionetas fueron incineradas en la comunidad La Florida, en Urcuquí. Los conductores se habrían negado a pagar el ‘peaje’ que cobra un grupo vinculado con la minería.
Las secuelas de la minería ilegal también se sienten en el centro de Ibarra. Allí funcionan los patios de retención vehicular de la Policía de Imbabura. En el canchón están abandonados 231 vehículos cargados de piedra mineralizada, que nadie reclama. Tráileres, volquetas, contenedores de gasolina y de leche con capacidad para 18 toneladas o más. Pero también hay vehículos sin placas 4×4, con vidrios polarizados y de alta gama.
Los policías que vigilan estos cargamentos dicen que cada vez las redes ilegales camuflan mejor el material aurífero. Por eso, en San Gerónimo los agentes tardan más de 10 minutos en revisar cada vehículo. Si es una volqueta se trepan a la zona de carga y hunden una varilla para ver qué llevan.