5 de enero de 2021 12:44

Justicia Social pidió al TCE que certifique si no existen causas pendientes, tras anuncio de impresión de papeletas

Justicia Social pidió al TCE que certifique si no existen causas pendientes, tras anuncio de impresión de papeletas para las elecciones de febrero del 2021. Foto: Cortesía

Justicia Social pidió al TCE que certifique si no existen causas pendientes, tras anuncio de impresión de papeletas para las elecciones de febrero del 2021. Foto: Cortesía

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Andrés García (I)

Después de dos intentos fallidos, finalmente este martes 5 de enero del 2021 se instaló en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la audiencia oral de pruebas y alegatos como parte de una denuncia contra cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La diligencia forma parte de una denuncia por una supuesta infracción electoral muy grave impulsada por Jimmi Román Salazar, director del movimiento Justicia Social, en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto.

El dirigente acusa a los consejeros de supuestamente no acatar una sentencia del TCE en relación a la participación de Justicia Social en los elecciones del 7 de febrero próximo.

La audiencia se concretó, un día después de que el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, anunciara que se dispuso el inicio de la impresión de las papeletas presidenciales con 16 binomios, dejando fuera de la contienda a Justicia Social, que pugna por la inscripción del empresario Álvaro Noboa como su carta para llegar a Carondelet.

Pita argumentó que el TCE certificó que “no existen recursos pendientes” en relación a la dignidad de Presidente y Vicepresidente, por lo que se dispuso la impresión de las boletas.

Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, calificó de vergonzosas las declaraciones de Pita y dijo que, a su criterio, aún hay temas por tratar en el TCE.

Geraldine Marín, abogada de Justicia Social, dijo que solicitaron a la Secretaría del Tribunal un certificado sobre si existen o no recursos pendientes por resolver. En respuesta, según Marín, el organismo pidió que se “aclare su pedido”.

Sánchez considera que existirían implicaciones legales si el TCE emitió un certificado de que no restan causas por sustanciar. La abogada de Justicia Social mencionó que apelaron, el 3 de enero último, una resolución del CNE, por lo que a su criterio, aún hay recursos pendientes por tratar. “De existir un certificado que diga lo contrario, se estaría incurriendo en fraude procesal”, mencionó la abogada.

En la denuncia contra los cuatro consejeros del CNE Justicia Social pide que se les aplique una multa de USD 28 000, suspensión de derechos políticos por cuatro años y destitución. Los consejeros enviaron a sus abogados a la diligencia.

El lunes 4 de enero Byron Torres, representante legal de los vocales del CNE, solicitó que la Procuraduría General del Estado esté presente en la audiencia. Por esa razón se la reprogramó para este martes 5.

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