2 de September de 2009 00:00

Las juntas, en alerta por la Ley de Aguas

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Redacción Política

La ley sobre el uso del agua es uno de los temas polémicos entre el Gobierno, las juntas que administran canales de riego   y los sectores productivos del país.

Las organizaciones que en 2007 respaldaron la instalación de una Asamblea Constituyente, lo hicieron como una oportunidad para que sea este organismo el que dicte las nuevas políticas que consagren el acceso de este derecho y también permitan una distribución equitativa de los caudales.

Así recuerda la dirigente indígena de Cotopaxi y asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán. “El acceso al agua es una prioridad en las comunidades. La falta de este recurso  es una de las principales causas de las masivas migraciones, del abandono del campo”, sostiene.

En ese contexto, el organismo constituyente  incorporó varios principios a la Carta Fundamental, entre ellos, la prioridad del uso del agua para el consumo humano y para garantizar la soberanía alimentaria,  la revisión de las concesiones de caudales en un plazo de dos años...

Pero también la mayoría oficialista aprobó otros conceptos que no tienen  consenso de  todos sectores. Uno de ellos es que el Presidente de la República dicte las políticas para el uso, control y administración de este recurso renovable.

El poder que tendrá el Ejecutivo en el manejo de las fuentes hídricas, así como en las autorizaciones de uso y aprovechamiento  y la redistribución de los caudales son temas que causan recelo entre los sectores distantes del Gobierno de turno.

Delfín Tenesaca, dirigente de las organizaciones indígenas de Chimborazo, por ejemplo, insiste en la necesidad de que en la administración de las fuentes, acueductos y canales, no sea solo el Ejecutivo, sino también las comunidades las que tengan estas competencias.

Los sectores organizados por la defensa de los recursos hídricos ven avances en la versión final del proyecto de ley que llegó a la Asamblea, principalmente en lo que tiene que ver con la institucionalización  de una autoridad única sobre el  recurso.  

No obstante, hay preocupación por el excesivo poder que se le confiere al Presidente de la República para la formulación de las políticas en cuanto al manejo de este recurso. Para Dennis García, coordinador del Foro de Recursos Hídricos de Pichincha, es indispensable dar apertura a la participación de la comunidad, “para que sus opiniones  sean obligatorias para las autoridades”.

García cree que tal como está redactada la propuesta, se consolida un modelo concentrador y estatista en el manejo de este recurso.

Manuel Chiriboga, del observatorio de Comercio Exterior, defiende un manejo técnico  de los recursos hídricos. “Una actuación política conllevará a confrontaciones en un tema muy sensible para todos los sectores”, comenta. 

Otro tema que debería ser incorporado, según este Foro regional, es el que tiene que ver con el tema de las aguas contaminadas.

El proyecto de ley (que es la séptima versión redactada por la Secretaría del Agua) excluye el tema del manejo de las aguas contaminadas.

El argumento es que ese tema será parte de la Ley de Protección Ambiental, que alista el Ejecutivo, aclara Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, que tiene a su cargo la discusión del proyecto de ley.

Los comisionados de la Asamblea Nacional alistan una serie de foros en varias provincias para socializar la propuesta legal.

Algunos puntos importantes de la ley

En un plazo de seis meses, las licencias de concesión se cambiarán por  autorizaciones de uso y aprovechamiento. Los antiguos concesionarios  deberán inscribirse en el Registro Público del Agua. 

La  Autoridad  Única del Agua es un catastro de las concesiones para el uso del agua de riego. Esta autoridad también realizará un inventario con el fin de analizar los casos de acaparamiento de este recurso renovable.
 
En un plazo de 180 días, las corporaciones regionales de desarrollo, creadas mediante ley, deberán transferir a la Secretaría del Agua y a los gobiernos descentralizados las competencias para el manejo de los recursos hídricos.  

El Ministerio de Desarrollo  Urbano asumirá las competencias y recursos que tienen las juntas de Recursos Hídricos de Jipijapa, Paján, Puerto López y la empresa La Estancilla.  

Se declaran extinguidas todas las concesiones de agua a personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que hayan utilizado el agua para otros fines que no sean los autorizados. Estas personas no tendrán derecho a exigir indemnización alguna. 

A partir de la aprobación de la Ley, la Autoridad Única del Agua administrará los sistemas de presas, transvases e infraestructuras públicas  que tienen como finalidad garantizar el agua de consumo humano y de riego.
  
Con la Ley de Aguas se extingue la Ley mediante la cual se creó la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas. Sus recursos e infraestructura serán asumidas por la nueva Autoridad Única del Agua. Lo mismo ocurre con los otros cuerpos legales que fueron creados para administrar cuencas hidrográficas, como es el caso de la cuenca del Paute.


La propuesta aún no se conoce

Los representantes de las Juntas de Agua de Azuay están descontentos porque no conocen el borrador del proyecto de Ley de Aguas. Por ello anunciaron que para el 11 de este mes se organizará una reunión con los campesinos del Austro para diseñar las estrategias para lograr la conservación del agua.

El presidente de esta organización, Carlos Pérez, quien lideró un paro contra la Ley Minera a inicios de este año,  dijo que el borrador de la nueva Ley de Aguas no fue debatido con los campesinos que se benefician del líquido. Según él, no hubo una socialización con los usuarios del agua.

Pérez dice que si la normativa tiene alguna disposición que prescriba que las fuentes de agua, los humedales y todos los nacimientos de agua son declarados intangibles como garantía de una siembra del agua para el futuro diríamos que la Ley va por buen camino.

Asimismo, comenta que debe constar en la Ley una redistribución del agua, “porque hay una suerte de acaparamiento del agua en pocas manos. Existe gente que le sobra el agua y hay personas que se están muriendo junto a la fuente”.

En Zamora Chinchipe también se debate sobre esta normativa. Su prefecto, Salvador Quishpe, es uno de los personajes que mantuvo una discusión permanente, en asambleas y foros, sobre el derecho al agua. Junto con él, las organizaciones de saraguros respaldaron la propuesta de la Ley de Aguas planteada el año pasado por la Conaie.

Ahora Quishpe cree que el problema general es el desconocimiento del contenido del proyecto de Ley que aprueba la Asamblea. Su planteamiento es que el agua se considere como un bien de uso social, libre de los procesos de privatización. “Parte de eso recogió la Constitución. Pero hay otros mecanismos que permitirán avanzar en esos procesos. Además, hay centralización a través de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua)”.

Sin embargo, Jorge Nantip, dirigente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, cree que la nueva Ley es un respaldo a su actitud conservacionista. “Estamos de acuerdo con la Ley de Aguas, porque exige respecto a ese recurso que ha estado amenazado por la colonización”.

El problema para el dirigente es la pequeña minería que sigue contaminando los ríos como el Yacuambi. Red. Cuenca

En la Sierra centro se organizan

Los movimientos indígenas del país se reunirán en Cuenca, Tulcán y Salasaca (Tungurahua), el 11, 12 y 13 de este mes para debatir la Ley de Aguas.

Delfín Tenesaca, presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo, dice que una de las propuestas es que el recurso sea administrado por el Estado.

“No es posible que esto se centralice. En las últimas décadas, la gente se ha organizado en asociaciones y juntas para distribuir equitativamente el agua a los socios. Además, se han realizado  mingas para proteger las vertientes”.

En Chimborazo, hay 1 000 comunidades indígenas y campesinas donde funcionan más de 80 juntas de regantes. “En las asambleas se decidirá si se realizará una movilización a Quito para presentar nuestra propuesta a los asambleístas y al Gobierno”, señala Tenesaca.
 
En Tungurahua, antes de la reunión en Salasaca, el Movimiento Indígena de la provincia organiza desde esta semana talleres en Ambato para difundir la Ley.

Manuel Ainaguano, representante de la agrupación, señala que este viernes se reunirán con un grupo de asambleístas para solicitarles que en la administración del agua deben participar las comunas. La cita será en la Cámara de la Producción.

“Este tema es muy sensible para los movimientos. El agua sirve para regar nuestras parcelas. La agricultura es una fuente importante de ingresos. Hay que luchar para que nosotros sigamos administrando el líquido vital”, indica Ainaguano.

En esta provincia hay 200 000 indígenas, 280 comunidades y 200 juntas de riego y de agua potable.

Los cuatro  asambleístas de Cotopaxi: Lourdes Tibán, Fernando Cáceres, Francisco Ulloa y Patricio Quevedo, y María Ángel Muñoz, de Azuay, en coordinación con la Gobernación de Cotopaxi, prefectura y alcaldías, discutieron y analizaron sobre los principios generales que deberá contener la nueva ley de aguas.

Tibán resaltó que una de las formas de recoger las propuestas sociales es acercando a las autoridades legislativas hacia la ciudadanía, recibiendo las propuestas y vinculando hacia las comisiones legislativas, a fin de juntos armar una ley de regulación hídrica que responda a los intereses de todos los ecuatorianos y tenga legitimidad para su aplicación. Las reuniones continuarán. Redacción Sierra Centro

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