Los vocales de la Judicatura (mesa de frente) hablaron el pasado miércoles 24 de julio de 2019 sobre la evaluación. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El pasado miércoles 24 de julio de 2019 se conocieron nuevos detalles sobre la evaluación a 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Uno de los aspectos que el Comité Evaluador analizará es si los magistrados llegaron a ocupar o no sus cargos por méritos.
De hecho, el vocal Juan José Murillo aseguró que hace un mes y medio, la Contraloría General entregó a la Judicatura un informe del estudio realizado a la selección de jueces nacionales, en el 2011 y en el 2014.
En ese documento, el ente de control estableció que 16 postulantes a jueces de ese alto tribunal “no cumplieron con los requisitos para ocupar el cargo y, sin embargo, continuaron en el proceso de selección”.
Según el vocal, en ese informe no se anexaron los nombres de esos postulantes.
El pasado 24 de junio, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, envió un pedido a la Contraloría para conocer los nombres. La Judicatura dice que el 15 de julio, el ente de control les dijo que esos datos podrán entregar solo por pedido de un juez o fiscal.
En la tarde, la Contraloría respondió a este Diario y aseguró que, en efecto, no pueden hacer público esos datos, “porque es información sensible”.
La Judicatura tramita otro pedido, a través de un juez.
En este proceso de evaluación, que comenzó el pasado 19 de febrero, se valorará también el parámetro de transparencia.
Por eso, la Dirección de la Judicatura envió el martes un formulario a los jueces de la Corte. Ese oficio es para que firmen voluntariamente la autorización de levantar el sigilo bancario y además permitir el análisis de su patrimonio.
El organismo también les notificó sobre la necesidad de acudir a un notario público para certificar que no tienen bienes o dinero en paraísos fiscales. Además, se pidió que declaren bajo juramento que no han incurrido en las prohibiciones establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Por ejemplo, que no tengan una sentencia en su contra, que no hayan sido llamados a juicio por un delito, que se desempeñen en otro cargo en el sector público o que hayan sido sancionados disciplinariamente con la destitución.
Toda esta documentación deberá ser entregada en la Dirección del Consejo de la Judicatura hasta mañana.
El proceso de evaluación a la Corte, que está previsto que culmine en septiembre, también tendrá parámetros de valoración cualitativos y cuantitativos. Los jueces deben alcanzar un puntaje mínimo de 80 para no ser destituidos.
En cambio, la legitimidad y transparencia no serán calificadas con puntaje. Si se comprueba que un juez cometió irregularidades en su postulación o que tuvo un incremento injustificado de su patrimonio, la Judicatura podrá iniciar un proceso administrativo-disciplinario o presentar una denuncia en la Fiscalía.