Puesta a consideración de la opinión pública la Ley Orgánica de Educación Superior elaborada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) –digamos que por el Gobierno de Rafael Correa-, se ha producido una suerte de oxigenación de la conciencia nacional en cuanto al papel que corresponde a los centros universitarios en el Plan General de Desarrollo del país para de hoy en 20 años.
En este artículo pondré el énfasis en la investigación científica y tecnológica (CyT) sin la cual no hay desarrollo sustentable en el siglo del conocimiento que nos ha correspondido.
Está bien que se opine sobre la mencionada Ley Orgánica siempre y cuando se parta del entendimiento que somos un país pequeño que se halla en la edad del alba en cuanto a investigación CyT y que incluso en los países grandes y desarrollados los recursos son limitados.
Si tal es la realidad, lo lógico es que dicha Ley tenga un fuerte acento centralista y en cuanto a autonomía universitaria está bien que se la defienda a ultranza cuando alude a la libertad de opinión y de expresión y no a la que conduce a que todos hagan lo que se les ocurra, como sucede en los desventurados países que se van hundiendo y presentan niveles más bajos de desarrollo humano.
Una vez que quienes inician una investigación científica deben hallarse al tanto de los últimos adelantos sobre la materia, corresponde a las universidades y politécnicas impartir conocimientos actualizados que lleguen hasta las fronteras de los que son secretos de Estado o de las grandes industrias transnacionales, o a esas complejidades extremas que significan las tecnologías de punta.
Es mandatario que cada universidad o politécnica se ponga en el plan de concentrar esfuerzos, desaparezcan esos minúsculos ‘Institutos Superiores de Investigación’ que languidecen en cada una de las facultades, y todos converjan a la conformación de un solo instituto, capaz de contribuir efectivamente al desarrollo nacional en los campos en los que se haya demostrado grados de excelencia superiores a los de otros institutos universitarios o nacionales como el Iniap.
En una primera etapa pasarían a uno de esos institutos concentradores quienes se hallen efectuando investigaciones financiadas. El Estado no podrá eludir la obligación de elaborar el ‘Estatuto para racionalizar y estimular la actividad de los investigadores ecuatorianos en asuntos tan críticos como la estabilidad laboral, escalafón de categorías bien definidas, y remuneraciones que privilegien la dedicación exclusiva en una actividad que a escala mundial tiene pocas vocaciones.
Cuanto antecede es factible. Es comenzar los cambios de un proceso que nos conducirá al desarrollo científico y tecnológico.