Redacción Judicial
La Comisión de Asuntos Internacionales del ‘Congresillo’ prepara el informe del proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, para el primer debate en el Legislativo.
Según el presidente de la Comisión, Marcos Martínez, antes de redactar el documento se sociabilizó el documento. “Recibimos la opinión de varios sectores involucrados en este tema. Esto se incluirá en el debate”, señaló.
La propuesta de Ley establece la creación de una Secretaría de Inteligencia que coordine el trabajo entre los grupos de Inteligencia militar, policial y de la Presidencia. El encargado de esta entidad será designado por el Presidente y tendrá rango de viceministro.
Para informar de todos estos aspectos, se realizó un taller en Loja la semana pasada. Allí varias autoridades locales como el Alcalde, el Gobernador, entre otras, discutieron sobre el proyecto.
Martínez afirmó que hubo experiencias positivas en torno a este tema. “Pese a todos los problemas de inseguridad que existen, ha primado un sentido de solidaridad y creemos que ese es el eje de la seguridad, fundamentalmente hemos venido a aprender de sus experiencias”, afirmó.
Asimismo, la Comisión también acudió a Esmeraldas para recoger las opiniones de la ciudadanía local. En este lugar se explicó detalladamente la propuesta de la creación de la zona de seguridad.
Según el proyecto de ley, esto implica que 20 km desde la línea fronteriza entre Ecuador y Colombia no pueden ser utilizados ni ser propiedad de nadie. Todavía no se ha definido qué sucederá con los habitantes de la zona. Pero ya se inició un censo.
Luego de que se discuta el proyecto de ley en primer debate, los comisionados realizarán la sociabilización de la misma en el resto de provincias fronterizas, como Carchi, Sucumbíos y Orellana.
Las observaciones que se recojan en estos talleres de difusión serán incluidas en el segundo debate de la Ley de Seguridad.
Pilar Núñez, miembro de la mesa, ratificó la relevancia de la realización de estos encuentros para socializar propuestas e inquietudes que permitan la redacción de la nueva ley. Por ello esperan elaborarla con la participación de la sociedad civil, estructura del Gobierno, Estado, colectivos civiles y demás sectores.