23 de noviembre de 2019 00:00

Gremios piden ajustes al gasto y apoyan incentivos

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, estuvo este viernes 22 de noviembre del 2019 en la tarde en la Asamblea para hablar sobre el proyecto de ley. Foto: Cortesía

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, estuvo este viernes 22 de noviembre del 2019 en la tarde en la Asamblea para hablar sobre el proyecto de ley. Foto: Cortesía

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Evelyn Tapia
Evelyn Tapia. Redactora (I) negocios@elcomercio.com

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El proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, enviado el jueves pasado, 21 de noviembre del 2019, a la Asamblea, genera opiniones divididas entre los gremios del sector privado.

El documento propone ajustes tributarios con los que el Fisco espera recaudar alrededor de USD 600 millones el próximo año, pero también incluye incentivos y condonación de multas e intereses a deudores del sector agrícola y a estudiantes con créditos educativos.

Este viernes 22 de noviembre del 2019, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea comenzó a tratar el proyecto de Ley. La mesa legislativa prevé que el texto vaya a primer debate en el Pleno el viernes 29 de noviembre.

Desde el sector agrícola destacan la creación de un régimen simplificado para la tributación en el sector agropecuario, además, la simplificación del impuesto único para el sector bananero.

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, considera que con el régimen simplificado el sector agrícola se formalizará en mayor medida.

Gremios piden ajustes al gasto y apoyan incentivos

“La mayor formalización siempre se traduce en mejores procesos, más producción e incluso más exportación, que es lo que necesita el país para traer más divisas”, dijo.

Pero los gremios del sector comercial rechazan que la propuesta plantee incrementar impuestos en un año en que, se prevé, la economía tenga un crecimiento bajo (según datos del Banco Central del Ecuador el PIB crecería un 0,6% en el 2020) o que no crezca, como estiman organismos internacionales como la Cepal.

“Siempre vamos a estar en contra del alza de impuestos, porque eso frena la economía del país. Sabemos que el Gobierno necesita más ingresos, pero eso no se soluciona con esta Ley, el problema es que se demoraron demasiado en hacer ajustes al gasto y tomar decisiones de eficiencia”, dijo Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.

Entre los planteamientos con los que el Gobierno espera más recursos están el cobro de ICE a los planes de telefonía móvil pospago, que generaría USD 100 millones al año; gravar con IVA a las plataformas digitales como Netflix, Uber, entre otras; y gravar con impuesto a la renta a los dividendos que se pagan a accionistas extranjeros, lo que podría generar USD 191 millones.

Para Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, esta última medida es un “sin sentido”, cuando el Gobierno habla de la necesidad de incrementar la inversión extranjera.

Hay temas en que los empresarios consideran que fueron escuchados, luego de plantear sus quejas en la Asamblea durante el debate del anterior proyecto Ley de Crecimiento Económico, que fue archivado el domingo pasado.

Salvador cita que se retiró la propuesta de eliminar la exención del impuesto a la renta sobre la venta ocasional de bienes inmuebles. También se eliminó la propuesta de repatriación de capitales.

En lo que coinciden los gremios es en que el proyecto de Ley debe debatirse y no archivarse, para enviar un mensaje de certidumbre a los mercados internacionales, que desde octubre tienen crecientes dudas sobre el futuro económico del país a corto y largo plazo, y temen un posible no pago de la deuda estatal.

Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial, la ley tiene un enfoque recaudatorio que incomoda al sector empresarial, pero hay que llegar a acuerdos. “Los ajustes al gasto debieron hacerse antes y con más fuerza, hoy nos toca a todos hacer sacrificios para evitar un colapso de la economía”, indicó.

Además de la reforma tributaria en que “los que más tienen más aportan”, según el Ministro de Finanzas, en la Proforma 2020 se plantea reducir el gasto en salarios en USD 500 millones y ajustar el gasto en bienes y servicios para el mantenimiento de entidades del Estado.

El sector empresarial considera que la recaudación de USD 600 millones no es suficiente para traer estabilidad. Otras tareas pendientes que tiene el Gobierno es emprender la focalización de subsidios a los combustibles y la monetización o concesión de bienes al sector privado.

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