Marcha del 19 de marzo (19M) organizada por los movimientos sindicales y sociales en contra de las políticas del Gobierno. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.
Carondelet tiene, al menos, cinco frentes políticos y sociales abiertos. Por un lado están las tradicionales organizaciones políticas de oposición que cuestionan desde la opinión pública al Régimen y proyectos como el de las enmiendas.
A esto se suman sectores sociales como los sindicatos, indígenas e incluso ciudadanos ‘autoconvocados’ que expresaron su rechazo en una marcha y que anuncian desde ya una nueva iniciativa para el 1 de Mayo.
A más de estos frentes permanentes están actores cuya presencia se ha visto precipitada por la situación económica actual y los acercamientos gubernamentales, con pedidos de por medio.
En el caso de los empresarios, por ejemplo, se maneja una agenda conjunta de trabajo para impulsar mesas de diálogo. En el caso de los transportistas hay peticiones relacionadas con la flexibilidad de las salvaguardias por el posible impacto en la actividad.
Finalmente hay otros frentes de corte ciudadano y que han empezado a generar nuevos cuestionamientos. Uno de esos es el de los jubilados que se quejan por la posible eliminación del aporte estatal (40%) a sus pensiones.
Intenso debate por el aporte estatal a la pensión jubilar
En redes sociales y en sectores de oposición se ha criticado la intención del Gobierno de eliminar el 40% de aporte del Estado a las pensiones jubilares.
El tema no es nuevo y la propuesta pasó el primer debate en la Asamablea en enero. Sin embargo, el tema tomó fuerza en las últimas semanas cuando el Jefe de Estado aseguró que entregar al Seguro Social ese porcentaje no tiene sentido, porque según él, el IESS tiene superávit.
El tema reposa en la Asamblea, en concreto en la Comisión de Relaciones Laborales. Sus integrantes señalan que el informe para segundo debate estaría listo para la próxima semana.
Recuerdan que, aunque se elimina ese porcentaje, se creará otro artículo en el que se le obliga al Estado a garantizar las pensiones jubilares en cualquier caso. Grupos sindicales anuncian que será una bandera para la marcha del 1 de mayo.
El 23 de abril se analizará la situación del transporte
Los representantes de las federaciones de transportistas del país expresaron al Presidente su preocupación por el incremento en los aranceles. Aseguran que esto podría repercutir en un incremento de los costos de neumáticos, repuestos y carrocería.
Durante un almuerzo el lunes pasado, el Primer Mandatario les expresó todo su apoyo: aseguró que es uno de los sectores que cuenta con su protección y que en el caso de que existan errores se lo corregirá de inmediato.
Pese a ello las dudas persisten en los empresarios del transporte quienes mantendrán una reunión a puerta cerrada con el Gobierno el 23 de abril. Ahí se conformarán mesas especiales para cada una de las modalidades del transporte y se analizará nuevamente el tema de los efectos de los aranceles y se anuncian propuestas de cambios normativos.
En seis meses se registraron tres movilizaciones
La marcha del pasado 19 de marzo es la tercera que organizan los sectores sindicales en seis meses, en contra de las políticas laborales que impulsa el Régimen.
Las tres marchas han tenido su base en Quito pero se han replicado a escala nacional, son para analistas una muestra del poder de convocatoria de los sindicatos que finalmente tuvieron reivindicaciones: el oficialismo retiró el proyecto de Código del Trabajo que inicialmente propuso.
Pero además, estas movilizaciones de los sectores sociales se convirtieron en la plataforma para que los ciudadanos expresen su oposición a otros temas de preocupación nacional, como la política en educación sexual, las salvaguardias, el acuerdo comercial con la Unión Europea y la libertad de expresión o el ataque al humor. Se trata de consignas que llevaron a ciudadanos comunes, a manifestarse en las calles.
37 propuestas de los empresarios están en análisis
Los acercamientos entre el Gobierno y los empresarios privados tomaron un nuevo impulso, tras los desajustes económicos derivados de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Ellos a su vez han aprovecharon la coyuntura para poner sobre la mesa sus propuestas.
El 2 de marzo presentaron 37 puntos, con fuerte énfasis en la flexibilización laboral. Por ejemplo, plantearon modificación al actual modelo de jubilación patronal y sobre el planteamiento oficial respecto a las brechas salariales. Ahora, la Comisión de Relaciones Laborales de la Asamblea tramita un paquete de reformas al Código Laboral pero esos temas aún no han sido incluidos.
También se crearon las primeras cinco mesas de trabajo con el Gobierno para dar seguimiento a propuestas sobre eficiencia regulatoria, comercio exterior, contrabando…
La oposición apunta hacia dos costados
La unidad de los gobiernos autónomos de oposición se recompone en el escenario político. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas; el de Guayaquil, Jaime Nebot; y el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, volvieron a juntarse para lanzar un nuevo mensaje al Régimen.
Las tres autoridades se mostraron públicamente degustando una fanesca en Guayaquil. Así, pretendían responder a la acusación oficialista que la oposición no representa más que “una fanesca política”.
Del otro lado, Compromiso Ecuador, liderado por Guillermo Lasso, continúa su campaña para que se concrete la consulta popular que busca frenar la enmienda sobre la reelección indefinida. Realizan plantones y “pitazos”, en los que exigen que se dé trámite a una solicitud que, tras cerca de cuatro meses, no logra prosperar en el Consejo Nacional Electoral ni en la Corte Constitucional.