Julian Assange durante la audiencia de la acción de protección que su defensa planteó en contra del Estado ecuatoriano. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 6 millones en el asilo de Julian Assange, quien cuenta con un dormitorio propio, baño, ducha, oficina y hasta una sala de reuniones, ocupando 70 metros cuadrados, de los 175 que tiene la Embajada de Ecuador en Londres.
La revelación la hizo el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, el lunes 29 de octubre del 2018, al destacar que no es verdad que Ecuador hubiera vulnerado los derechos del fundador de WikiLeaks, quien se encuentra asilado en esa legación diplomática desde el 19 de julio del 2012.
Ecuador destina USD 1 millón anual por la presencia de Assange. El Procurador General del Estado ratificó que Assange puede permanecer dentro de las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Reino Unido respetando las normas de protocolo y convivencia que se establecieron por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
“Reitero que Ecuador no vulnera derechos de nadie, le dio asilo al señor Assange y él debe acatar las normas para tener una convivencia armónica dentro de las instalaciones públicas del Ecuador en Londres”, dijo el Procurador en la audiencia instalada el lunes 29 para conocer una acción de protección planteada por Julian Assange en contra del Estado ecuatoriano para que se dejara sin efecto el protocolo de visitas, comunicaciones y salud que rige desde el 12 de octubre del 2018 en la Embajada de Ecuador en Londres.
“(La sede de la Embajada de Ecuador en Londres) es un edificio público que no fue concebido para vivienda, por lo que debe existir una regulación”, señaló el Procurador.
La jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, negó el recurso planteado por la defensa del fundador de WikiLeaks, por considerarlo improcedente. En la sentencia, la judicial sostuvo que el manejo de las misiones internacionales corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con la ratificación del protocolo, Assange deberá decidir entre tres opciones. 1: Si se ajusta al reglamento de convivencia, podrá permanecer en la Embajada de Ecuador en Inglaterra. 2: Si no acepta este protocolo y sale para entregarse a la justicia de Reino Unido, enfrentará una pena máxima de seis meses, con la garantía de no ser extraditado a un país con una legislación que permita la pena de muerte. 3: Si no cumple el protocolo, podría ser notificado por las autoridades ecuatorianas con el final de su asilo.
En la sentencia, la Jueza Martínez determinó que de incumplirse el protocolo especial y dar por finalizado el asilo no se vulnerarían los derechos de Assange, ya que es potestad del Estado ecuatoriano conceder y retirar este estatus.
Tras el fallo, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, dijo que con el protocolo Assange podrá estar “el tiempo que quiera en la sede diplomática”.
Carlos Poveda, abogado de Assange , adelantó que apelará la sentencia para que sea sustanciada en la Corte Provincial de Pichincha. Además, acudirá a instancias internacionales.
Sin embargo, Poveda exhortó al Gobierno a “retomar el diálogo” para delinear una salida conjunta para Assange.
La acción de protección buscaba que se le restituya la conexión a Internet a Assange, que le fue cortada tras incumplir su compromiso de no emitir declaraciones que puedan afectar al Ecuador. Además, denunció una presunta “inconstitucionalidad” del protocolo especial, por lo que pedía que quedara sin efecto.
En su comparecencia, el procurador Salvador indicó que el protocolo busca alcanzar una convivencia armónica dentro de la sede diplomática. Precisó que desde el 2014, personal del cuerpo diplomático reportó incidentes protagonizados por Assange en la Embajada. Por ejemplo, patinar, jugar fútbol y discutir con los guardias.
Assange rindió su versión a través de una videoconferencia. El australiano sostuvo que es usado como un “comodín” y habló de presuntas presiones internacionales para terminar con su asilo. Pero esas aseveraciones fueron desestimadas por el canciller, José Valencia.
La defensa de Assange solicitó a la Cancillería que se difundan las cartas en las que los ministros de Asuntos Internacionales del Reino Unido, Boris Johnson y Jeremy Hunt, respondieron 13 preguntas sobre una eventual entrega de Assange a la Justicia.
Carlos Poveda pidió extender esa consulta, ya que no se le habría preguntado si Assange podría ser extraditado a un país con cadena perpetua.
Litigio entre Assange y ecuador se inició por el acceso a internet
16 de agosto del 2012
El excanciller Ricardo Patiño informó que Ecuador concedió el asilo político a Julian Assange, quien era requerido por violar las condiciones de arresto domiciliario.
28 de marzo del 2018
La Cancillería anuncia que cortó las comunicaciones de Assange, por incumplir el acuerdo diplomático de no emitir comentarios que puedan afectar al Ecuador.
24 de agosto del 2018
El Canciller informa a Assange y su defensa que, para continuar en la embajada, debía seguir un protocolo especial. También le informaron la decisión del Reino Unido.
19 de octubre del 2018
Julian Assange plantea una acción de protección en contra del Canciller y el Procurador. Ese día se negó a recibir la clave de wifi en la embajada de Ecuador en Londres.