Manzur, indagado por dos presuntos delitos

La presidencia de la Corte del Guayas está a cargo de Francisco Morales, uno de los magistrados más antiguos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La presidencia de la Corte del Guayas está a cargo de Francisco Morales, uno de los magistrados más antiguos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La presidencia de la Corte del Guayas está a cargo de Francisco Morales, uno de los magistrados más antiguos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Desde ayer 26 de noviembre, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está a cargo del jurista Francisco Morales. Esto ocurrió horas después de que el titular, Gabriel Manzur Albuja (45 años),fuera suspendido temporalmente del cargo.

El funcionario, que llegó a la Presidencia de esa institución el 2 de enero del 2018, enfrenta indagación previa por los supuestos delitos de enriquecimiento privado no justificado y lavado de activos.

El Consejo de la Judicatura (CJ) consideró que “al estar relacionado con el cometimiento de actuaciones irregulares que vulneran el principio de probidad”, era necesaria la suspensión temporal de hasta 90 días.

En la resolución de este lunes 25 de noviembre, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, señaló que existe “urgencia” de separarlo del puesto que ocupa.

Según las investigaciones, entre el 2011 y el 2017 se realizaron giros y pagos de dos bienes inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios. Pero se presume que fueron precancelados al poco tiempo a través de cuentas de terceros y de dos compañías privadas, que son manejadas por una abogada en libre ejercicio profesional. Además, que esos fondos estarían vinculados a fallos en sentencias de segunda instancia.

La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia señala que hay patrimonios que podrían sumar USD 500 000. “Transferencias incluso al padre del juez. ¿De dónde vienen esos recursos?”.

Según la investigación, en septiembre del 2011 precanceló la deuda de un bien con tres cheques certificados que suman USD 49 598,63.

Anticorrupción asegura que dos de esos cheques fueron emitidos por una de las compañías y el otro por la abogada. Ella figura como presidenta de esa misma empresa, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

La entidad además indica que el otro inmueble fue precancelado en el 2014 con dos cheques de USD 140 000. “Uno fue girado por su padre y el otro, por la misma abogada”.

Manzur reconoció a este Diario que tiene “una relación profesional desde hace 15 años” con la abogada. Indicó que los cheques girados “a terceros” son a su padre.

Pero señala que las transacciones son lícitas y que los pagos hechos en el 2011 corresponden a bienes adquiridos en el 2005, cuando todavía no era juez.

Indica que el otro corresponde al 2012, cuando recién se posesionó como magistrado. “Las cancelé como cualquier persona puede hacerlo, con dinero que se puede justificar y eso es lo que estoy indicando en la Fiscalía”.

Según la declaración juramentada de bienes que está en la Contraloría, Manzur registró como juez provincial un patrimonio de USD 483 816,37. En activos sumaron USD 557 816,37 y en pasivos, 74 000.

Además, aparecen declaraciones entre el 2010 y 2012 como Juez de Garantías Penales y Juez de la Corte. Luego aparecen datos del 2015, 2016 y 2018. Pero los documentos de respaldo no están disponibles.

Carlos Sánchez asumió su defensa y ayer 26 de noviembre dijo que está recopilando la documentación de descargo. “Es una persona acaudalada y tiene dinero, no de ahora sino toda su vida. Su familia ha tenido dinero”. Recuerda que a la universidad “llegaba en un carro de lujo”.

En la Notaría 12 de Guayaquil, este Diario buscó al padre del magistrado. Desde su despacho indicó, a través del teléfono de la recepción, que no estaba interesado en dar declaraciones. Las autoridades dijeron que analizarán todos los datos que vayan recopilando.

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