26 de noviembre de 2019 00:00

Caso de Raúl De la Torre señala a más funcionarios

El exfuncionario de la ­estatal Petroecuador, Raúl de la Torre, se declaró culpable del delito de lavado de activos. Foto: Captura de pantalla

Raúl de la Torre fue asesor en Petroecuador y también se desempeñó como funcionario en la Contraloría. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

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Las reuniones se realizaron en Ecuador y en Miami-Estados Unidos. En estas citas, los ecuatorianos Raúl de la Torre y Roberto Barrera acordaron con una empresa petrolera cómo les debían pagar los USD 3,1 millones por sobornos.

Estos detalles aparecen dentro de la investigación ejecutada por la División de Delitos Criminales del Departamento de Justicia de ese país.

En sus documentos se detalla cómo los procesados exigieron dinero a una empresa, luego de que consiguieran que Petroecuador le adjudique contratos en el 2018 y el 2019.

El Departamento de Justicia sostiene que en este proceso, los aprehendidos “usaron los correos e instrumentos de comercio interestatal para promover corruptamente el pago a favor de la empresa”.

En cambio, el 14 de noviembre pasado, De la Torre aceptó que junto a Barrera sí exigieron el pago de sobornos.

El entendimiento también implicaba garantizar que el Estado pague a la firma los valores que ya les adeudaba.

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Como compensación, la compañía contratada habría enviado dinero a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Estados Unidos rastreó esos datos y determinó que los ecuatorianos también recibieron artículos de lujo. Además, De la Torre y Barrera receptaron el dinero ilegal en efectivo. Todos estos hechos se concretaron en los Estados Unidos.

Hoy, ambos son investigados por el presunto delito de lavado de dinero, que en ese país es penado con hasta 20 años de cárcel y multas del doble del valor recibido ilegalmente.

Para el Departamento de Justicia, los acusados ejecutaron el soborno y conspiraron para realizar transacciones financieras, pese a que conocían que el dinero era ilegal.

Barrera aceptó que recibió en sus manos USD 150 000, mientras que De la Torre señaló que captó USD 32 508.

En la investigación de este caso se menciona a otros funcionarios de Petroecuador, que presuntamente estarían involucrados en el esquema de sobornos. De hecho, en las reuniones realizadas en Miami se dice que el dinero también se pagará a más empleados.

La indagación está a cargo del Departamento de Estado.

En un comunicado, la estatal petrolera advierte que junto a la Procuraduría General del Estado participan en nueve procesos judicializados en los Estados Unidos por lavado de activos, conspiración por prácticas corruptas en el extranjero, ofrecimiento y pago de sobornos a exfuncionarios y excontratista. Estos son diferentes al caso de De la Torre, quien fue funcionario de Petroecuador hasta su detención.

Para conocer más detalles de este último caso, esa empresa advierte haber pedido a la Fiscalía General del Estado que requiera la Asistencia Penal Internacional a los Estados Unidos, en el estado de Florida, lugar donde se desarrolla el proceso de investigación.

De la Torre tiene experiencia en el sector público. Desde el 2011 hasta el 2018 pasó por varios cargos en la Contraloría, Asamblea, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ministerio de Telecomunicaciones y Petroecuador. Su último contrato fue como asesor de Gerencia de la empresa de petróleos.

Como tal fue representante de la estatal en la Refinería del Pacífico, como parte del proceso de su liquidación, y mediaciones en la Procuraduría General del Estado.

Las autoridades aclaran que no estuvo vinculado a procesos precontractuales ni contractuales de la empresa.

En su declaración juramentada de bienes consta que para agosto del 2018 su patrimonio era de USD 78 405. En el 2017 fue de USD 103 305.

Por su parte, Barrera se desempeñaba como empresario. En la Superintendencia de Compañías consta que es el actual gerente general de una firma dedicada a la compra y venta de mercaderías. También de una empresa de bienes raíces y otra de viajes y turismo.

En el pasado fue directivo de otra compañía relacionada con servicios de gasolina y petróleo. Esta última está en liquidación y disolución.

Él también aceptó su culpabilidad el 8 de octubre pasado al firmar un documento en el que aceptaba los cargos.

Ahí señaló que estaba asociado con un funcionario de Petroecuador, “quien conocía y supervisaba la adjudicación de contratos y pagos”.

El legislador Washington Paredes, quien ha seguido el caso, enseñó una escritura pública entregada por Petroecuador a favor de De la Torre.

En el documento se dice que la Gerencia de la petrolera entregó cinco poderes especiales al ahora investigado para participar como accionista de la Refinería del Pacífico, suscribir documentos públicos o privados que sean necesarios, y para asistir a las juntas de accionistas en temas relacionados con esa refinería, hoy abandonada.

También se lo facultó para presentar una denuncia en la Fiscalía por irregularidades en el 2008 y para que intervenga en una mediación entre Petroecuador y un consorcio.

Petroecuador asegura haber contestado hasta el momento cinco solicitudes de información de la Asamblea Nacional y haber entregado más de 50 páginas sobre las acciones de De la Torre en la entidad.

Los datos además han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado en la indagación previa iniciada. La estatal asegura haber impulsado más de 1 700 causas en los Tribunales ecuatorianos. Allí se encuentran, por ejemplo, 112 casos con indicios penales.

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