Santiago Zeas. Corresponsal en Bogotá
En el departamento selvático del Putumayo, fronterizo con Ecuador, los cultivos de hoja de coca y la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son dos tareas aún pendientes para el Gobierno colombiano.
Glifosato y la polémica
Ecuador y Colombia mantienen una disputa por las fumigaciones con glifosato en la zona de frontera binacional.
El presidente Rafael Correa presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional por los efectos causados por el químico en el ecosistema y personas en el límite nacional. La demanda aún se encuentra en estudio.
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe aseguró que se suspendieron las aspersiones cerca del límite con Ecuador. Además, que ha impulsado la erradicación manual de cultivos de coca.El propio canciller Jaime Bermúdez es testigo del disgusto de los lugareños por los efectos que trae el programa de fumigaciones, cuyo objetivo es erradicar los sembríos ilícitos.
Es miércoles 16 de septiembre y su presencia en el corregimiento de La Carmelita, en plena zona del Putumayo, es parte del seguimiento de proyectos productivos para sustituir los cultivos de coca.
Las Fuerzas Armadas colombianas montan un operativo de seguridad especial para resguardar al poblado, mientras el Ministro escucha las peticiones y necesidades de la comunidad.
La comitiva presidida por Bermúdez se estrella con una realidad: todos los dirigentes de la zona, sin excepción, cuestionan y exigen el fin del plan de aspersiones aéreas en el Putumayo, donde opera el Frente 48 de las FARC, el más grande y poderoso del contingente del grupo irregular.
Todos los representantes afirman que las fumigaciones afectan por igual a los cultivos agrícolas como a las plantas de coca. Por ello demandan la terminación de esos programas, que son parte de la “política de seguridad democrática” que ha impulsado del presidente Álvaro Uribe.
En medio del vendaval de críticas, el Canciller deja en claro que el Gobierno no se moverá un milímetro en su política antidroga, que se aplica con fuerza desde 2003. El funcionario justifica que la aspersión sea un apoyo para la erradicación manual ante la colocación de minas “quiebra patas” que sepultó la guerrilla, en medio de los cultivos de coca.
Ese tipo de minas es colocado por los guerrilleros que, según fuentes militares colombianas, controlan y cuidan que esas plantaciones de coca no sean destruidas por el Estado.
Según datos de la propia Casa de Nariño, en 2007 había 15 000 hectáreas de coca en la zona fronteriza del Putumayo, colindante con Ecuador. Y, de acuerdo con el último estudio de la
Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, en el territorio colombiano hay alrededor de
81 000 hectáreas de coca.
Esto convierte a esa zona en el lugar con más hectáreas de sembríos ilícitos en la Región Andina (ver infografía). Y por eso la oficina de la ONU contra las Drogas y Delitos pidió a países, como el Ecuador, que realicen un monitoreo permanente de su frontera, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.
Este control servirá para evitar que los cultivos de coca se extiendan, por la presión que ejercen las fuerzas militares de Colombia en la zona de Putumayo.
José Marulanda, analista en seguridad y defensa colombiano, explica que la presencia de cultivos de coca en Putumayo es tan intensa como la influencia de los grupos subversivos en la población que vive en la zona.
Por eso –dice- no resulta extraño que las políticas antidrogas sean rechazadas por la mayoría de los poblados selváticos de la zona.
“El Putumayo es la retaguardia estratégica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La ofensiva del Ejército ha desplazado las fuerzas irregulares a zonas cercanas al Ecuador. Es una zona de la frontera conflictiva”.
Solo entre agosto y septiembre de este año en el Putumayo se han registrado siete episodios donde queda en evidencia la presencia guerrillera en este departamento, según datos de fuentes militares.
El 19 de agosto último, una patrulla del Ejército descubrió varios explosivos escondidos en Puerto Asís, una población muy cercana a Ecuador. A día seguido dos subversivos fueron abatidos por militares en el poblado de Puerto Guzmán. Un día después, guerrilleros de las FARC quemaron maquinaria que pertenecía a un consorcio de obra civil de la estatal Ecopetrol, que trabajaba en la zona de El Tigre.
Además, el 27 de agosto se decomisaron 3 750 cartuchos en el barrio San Nicolás de Puerto Asís y cuatro días más tarde en la misma ciudad se confiscaron granadas que iban a ser entregadas a los grupos insurgentes.
En septiembre hubo dos hechos más. El día 11 se desactivó un campo minado en Puerto Guzmán y el lunes anterior –dos días antes de la visita del canciller Bermúdez- las Fuerzas Armadas desactivaron otro campo similar nuevamente en Puerto Asís.
La vigilancia en la frontera
Según el Gobierno colombiano, en la zona fronteriza con el Ecuador existen aproximadamente 19 000 uniformados, que son integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
En esa zona se encuentra la Sexta División del Ejército colombiano, que se encarga de la seguridad en el departamento fronterizo del Putumayo. La División tiene las brigadas 12, 26 y 27.
La Brigada 12 tiene seis batallones, un centro de entrenamiento para los uniformados y una dependencia antisecuestros. En tanto, la Brigada 26 tiene tres batallones, otro centro de capacitación. La 27 posee seis batallones y un centro de entrenamiento.
La mayor presencia de militares y policías colombianos en la frontera ha sido uno de los pedidos que ha realizado el Gobierno ecuatoriano. Las autoridades nacionales aseguran que el control en el lado colombiano es escaso y por eso se envió a 11 000 soldados a cuidar la frontera.
Esto representa al Ecuador un gasto anual de USD 100 millones y problemas de tipo social, como el aumento de delitos como secuestros, extorsiones, asesinatos y el impacto del tráfico de drogas y de precursores químicos.