La jueza nacional Daniella Camacho (al fondo) dirige la diligencia judicial que continuaba al cierre de esta edición. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Las 500 carpetas del caso Sobornos 2012-2016 llegaron a la Corte con custodia policial. El personal de la Fiscalía descargó caja por caja los papeles que estaban dentro de un bus y las colocó sobre una plataforma.
Una docena de policías, con chalecos antibalas, vigilaron que todos los expedientes ingresaran al octavo piso.
Eran las 08:15 de este 7 de agosto del 2019 y los abogados de los acusados ya abarrotaban el salón. A las 09:03, con los juristas ubicados en sus lugares, ingresó la jueza Daniella Camacho y explicó las reglas de la cita judicial: no grabar, no usar celulares, no ofender ni aplaudir. Así se inició la audiencia para vincular a 22 personas al caso Sobornos.
La fiscal general, Diana Salazar, dijo que todos eran parte de una “bien estructurada organización delictiva”.
Pero aseguró que esta red estaba dirigida por Jorge Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh, exhombre de confianza de María de los Ángeles Duarte, también procesada en esta causa.
Luego indicó que el líder de todos era Correa.
Según la Fiscal, elexjefe de Estado “dispuso, aprobó y autorizó” la captación de aportes ilegales que provenían de contratistas estatales y que se usaron para financiar las campañas de Alianza País (AP).
La fiscal, Diana Salazar (centro), imputó a 22 personas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Para sostener esta teoría, Salazar presentó 11 evidencias en contra del expresidente. Entre estas mencionó el contenido del cuaderno de Pamela Martínez, exasesora de Correa, quien está detenida.
En los manuscritos consta el código SP (Señor Presidente) como la persona que dispuso la creación de un complejo sistema de registros, seguimientos, entrega de dinero y cruce de facturas para A. País.
Como evidencia nueva, Salazar dijo que en mayo del 2014, Correa recibió en su cuenta USD 6 000, depositados en efectivo por un mensajero de Laura Terán. Y agregó que el dinero provino de fondos ilícitos pagados por empresarios.
Minutos después, el exmandatario usó Twitter para replicar lo dicho por la Fiscalía. Confirmó la entrega del dinero, pero dijo que era lícito.
“Tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado USD 6 000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de USD 500 mensuales)”, señaló.
En la audiencia, Salazar solicitó la prisión preventiva de Correa y dijo que él no ha querido colaborar con la justicia, pues cuando se le solicitó su versión desde Bélgica, en donde reside, se conoció que cambió de domicilio.
La Fiscal solicitó la misma medida de prisión para Glas, Alvarado, Solís y Massuh.
Para los 17 restantes, incluido los empresarios, Salazar pidió la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial.
En el caso de Solís, la Fiscal presentó una conversación extraída del celular de Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia. “Poco de pendejos que creen que Solís es inocente. Rafael y Jorge, cojudos. No sé por qué el Presidente se siente atacado cuando se trata de WS (Walter Solís)”. “Agendas políticas. Ya te contaré”.
Salazar dijo que se trató de una conversación entre Mera y la exministra Rosana Alvarado.
Sobre la actual legisladora Viviana Bonilla, la Fiscal aseguró que su candidatura para la Alcaldía de Guayaquil, en el 2014, fue financiada con dinero de los contratistas estatales.
Presentó como evidencia el testimonio de una persona, quien habría aceptado haber recibido una mochila con USD 100 000 en efectivo.
Aseguró que la entrega se realizó en las oficinas externas de la Presidencia de la República, que funcionaba en la av. 12 de Octubre, en el norte.
Según las indagaciones, la entrega quedó registrada en los archivos de Laura Terán, que fueron extraídos de su computadora. En un archivo Excel se anotó: “USD 100 000 para Bonilla. Jefe de Campaña. Christian Viteri retira”.
Respecto a este último, la Fiscalía presentó la versión de Mera, quien señaló que Viteri y el esposo de Bonilla son socios en un consultorio jurídico. Y que este despacho facturó por sus servicios a los mismos contratistas del Estado que financiaron a AP. “Él ayudó en el sistema de cruce de facturas”.
Fausto Jarrín, abogado de Correa, indicó que no se han motivado las razones ni se han presentado evidencias suficientes para ordenar prisión en contra de su cliente.
Desmintió que Correa se haya mudado de casa por no rendir la versión o no colaborar en el proceso. Precisó que se cambió por seguridad.
El abogado de Glas, Harrison Salcedo, indicó que “los elementos presentados por Fiscalía son insuficientes para pedir prisión preventiva”.
Francisco Pesantes, abogado de Massuh, indicó que su defendido mantiene económicamente a sus padres de la tercera edad y que tiene cuatro hijos (dos menores).
