En la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano de Quito, los expedientes abarrotan la mesa. Foto: EL COMERCIO
Decenas de carpetas se apilan sobre tres sillas. Otros archivos se amontonan en cartones, en el suelo, sobre los escritorios, sobre los armarios y en las esquinas de los pasillos. Así luce la Fiscalía Nº 7 de Soluciones Rápidas, en Quito.
Jorge Arévalo, fiscal a cargo de este despacho, reconoce que los casos marchan lento. “Atendemos a las víctimas lo mejor que podemos, pero esto nos rebasa”, dice, mientras señala las decenas de carpetas.
A su cargo están 2 400 denuncias. Esto dividido para 365 días, significa que para despachar todo, él debería resolver al menos seis casos diarios.
“Eso de soluciones rápidas es solo un nombre”, se queja Verónica Báez. Hace cinco años denunció que el terreno de su madre fue vendido sin autorización y ahora otra persona se apropió del inmueble. Asegura que hasta la fecha su caso no se ha resuelto.
En Quito hay siete fiscalías de Soluciones Rápidas. Allí se indagan robos sin violencia, abuso de confianza, lesiones, etc. En una de estas unidades está el caso de Virgilio. Él cuenta que hace dos meses le rompieron el vidrio de su auto y se llevaron un radio. “Desde que puse la queja no se ha ordenado ninguna diligencia”.
En la Fiscalía Nº 5 de Patrimonio Ciudadano de Quito pasa lo mismo. María Elena Bayas tiene a su cargo 3 297 indagaciones y 120 instrucciones fiscales. Las indagaciones corresponden a denuncias en las que todavía no se encuentran evidencias ni se ha identificado a los sospechosos. Mientras que en las instrucciones fiscales ya se notan avances.
La fiscal Bayas maneja casos como extorsión, robo con violencia, tráfico de tierras, sustracción de dinero en cuentas bancarias, etc. Para ella, la carga de trabajo es tan elevada, que incluso ha llamado a su asistente y secretario para que trabajen los sábados. “Es imposible que haya celeridad. Pero se da prioridad a los usuarios que vienen y piden que se les solucione su caso”.
Los expedientes de las personas que abandonan sus denuncias también se investigan, pero eso va más lento. “La mayor limitación es el número de personal, pero eso no significa que haya impunidad”.
La fiscal General (e), Ruth Palacios, dice que la falta de fiscales ha puesto a la entidad en “alerta roja”. Desde el 2010 hasta el 2018, el ente tiene 2,5 millones de causas activas. Hay 840 agentes investigadores en todo el país, pero se requieren al menos 400 más.
Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, El Oro, Los Ríos, son las provincias con mayor carga de trabajo por fiscal. En Manabí, por ejemplo, cada fiscal maneja en promedio 4 388 expedientes. En Guayas, los agentes tienen a cargo 4 168 causas y en Pichincha son 3 400. Pero también hay ciudades en emergencia. Por ejemplo, en Francisco de Orellana, en donde existen solamente dos agentes operativos. “Somos los más olvidados del país”, dice uno de los funcionarios a este Diario. “En el cantón Loreto hay solo un fiscal.
Él no puede enfermarse ni irse de vacaciones”, comenta. La fiscal Palacios reconoce que también hay problemas en Sucumbíos. En toda la provincia solo cuenta con tres fiscales y advierte que estas jurisdicciones están en emergencia.
El martes pasado, la funcionaria hizo un llamado al Consejo de Participación Ciudadana transitorio para que reanudase el concurso para elegir nuevos fiscales y al Gobierno le pidió más apoyo.
Frente a esto, el presidente Lenín Moreno informó que ha dispuesto que se den los recursos necesarios, para que los sistemas de investigación cuenten con profesionales. “No acepto como respuesta a nuestras acciones, que el sistema judicial tenga limitaciones”.
Palacios dice que la Fiscalía seguirá trabajando y sacando los casos adelante. Pero indica que para este año el Gobierno redujo USD 1,5 millones del presupuesto de la Fiscalía.
En Daule también se evidencian las limitaciones. En el cantón guayasense hay dos fiscales para tramitar casos de violencia intrafamiliar, abigeato, líos de tierras, robos, etc.
El agente Hugo García es uno de los funcionarios titulares. Cuenta que la carga laboral “es pesada”. Pues a las 15 denuncias que se receptan cada día hay que añadir los casos que ocurren en flagrancia y cuyas audiencias se deben gestionar en menos de 24 horas.
Pese a que su jornada es de 08:00 a 16:00, dice que si en la madrugada ocurre una muerte violenta o un operativo debe acudir a las diligencias.
En Santo Domingo de los Tsáchilas pasa igual. Allí trabajan 21 fiscales y cada mes llegan 572 casos de desaparecidos, robos, lesiones y trámites de remarcaciones vehiculares.
La fiscal provincial (e), Pilar Morán, dice que se necesitan al menos 16 nuevos agentes.
Para el abogado Óscar Salcedo, el volumen de casos incide en la resolución de las investigaciones. “No tienen mucho tiempo para indagar porque deben atender varios expedientes a la vez”. En el 2018, por ejemplo, de las 35 muertes violentas denunciadas en Santo Domingo, 20 fueron esclarecidas, según la Policía.