Fiscal General pide al Presidente asignar el 'presupuesto necesario' para la ejecución de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género
A través de una carta enviada al presidente Lenín Moreno, el pasado 12 de noviembre del 2020, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sostiene que “el Ecuador está de luto” por la violencia en contra de la mujer.
“Como mujer y madre, que lidera un espacio decisional, estoy convencida que todas las instituciones deben alinearse y desarrollar acciones conjuntas para conseguir ese gran objetivo de garantizar a la ciudadanía, y sobre todo a las niñas y mujeres del Ecuador una vida libre de violencia”.
En el documento, la Fiscal enumera cinco acciones concretas que deben realizarse.
1.- Para el ejercicio fiscal del próximo año se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia.
2.- Diseñar y expedir políticas públicas integrales en materia de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género.
3.- Desarrollar programas de prevención “a través de programas educativos permanentes con enfoque de género y derechos humanos, nuevas masculinidades, crianza positiva e inteligencia emocional, entre otros aspectos”.
4.- Abrir el debate sobre la tipificación de todas las formas de violencia presentes en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
La Fiscal menciona, sobre todo, la violencia patrimonial, “que es responsable de que muchas mujeres regresen con sus agresores a círculos de violencia, como consecuencia de brechas no solo de género sino también económicas”.
5.- Desarrollar programas de sensibilización para funcionarios públicos de todas las entidades, con el objetivo de que adquieran “escucha asertiva y buen trato al usuario”.
La Fiscalía envió también a la Presidencia un manifiesto elaborado por 21 organizaciones, que exigen al Gobierno que “cumpla los compromisos internacionales referentes a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Piden una justicia especializada para estos casos con enfoque feminista, celeridad en los procesos judiciales, empatía por parte de los funcionarios y medidas de protección oportuna para las víctimas.
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