8 de abril de 2019 00:00

USD 300 millones más, para 50 fármacos

Asegurados acuden a la farmacia del Carlos Andrade Marín, para retirar sus fármacos. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

Asegurados acuden a la farmacia del Carlos Andrade Marín, para retirar sus fármacos. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

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Valeria Heredia

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Para el 2019, el Ministerio de Salud presupuestó USD 378 millones para la compra de fármacos e insumos médicos. Si se actualizara el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos se debería sumar un monto similar, pero no por la misma cantidad de productos sino por menos (unos 50).

Desde el 2013 están vigentes 787 fórmulas médicas, aprobadas por del Directorio del Consejo Nacional de Salud (Conasa), conformado por 14 establecimientos del sistema. Son medicamentos para enfermedades comunes, catastróficas, antídotos y otros.

Basados en este instrumento, sin actualizar desde hace cinco años, la autoridad ha planificado su presupuesto y ha abastecido a centros de salud, hospitales de segundo y tercer niveles de la red nacional (pública y privada).

Hoy se pretende incluir 50 medicamentos, para lo que se necesitaría un presupuesto similar a los usados para adquirir los 787. Es decir, cerca de USD 300 millones adicionales, explica el viceministro de Gobernabilidad y Vigilancia Sanitaria, Carlos Durán.

¿Cómo fue el proceso de actualización? En marzo del 2018, reseña Durán, llegó el documento analizado por expertos de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), ente técnico vincu­lado a Conasa. Luego la actual ministra, Verónica Espinosa, convocó al Directorio, en donde se tomaron dos decisiones. “No nos demoramos”.

La primera consistía en una nueva revisión -a cargo de Conamei-, para detallar “la eficacia, seguridad y potencialidad” de 20 de los 50 medicamentos que serían introducidos en el listado, y que servirían para tratamientos oncológicos.

El objetivo, según Durán, es que las autoridades tengan certezas sobre las ventajas terapéuticas de las fórmulas.

En enero de este año, la Conamei entregó la segunda revisión de estos fármacos considerados de “alto costo” y se ratificó la pertinencia de 19.
Esto no fue suficiente, por lo que se activó el segundo acuerdo alcanzado en Conasa: la conformación de una comisión ad hoc, que cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Su trabajo se centra en analizar, una vez más, la sostenibilidad, con énfasis en el impacto financiero al sistema de salud.

La respuesta se presentará entre el 19 y 20 de abril. Pese a ello, Durán reitera que se debe ver si la inversión está acorde a la eficacia que brinda un medicamento al paciente.

El tema es “si estamos dispuestos a pagar cifras astronómicas por medicamentos de escaso valor terapéutico. Es costo-beneficio”, afirma.

Ernesto Carrasco es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Él no comparte la posición del viceministro Durán, “quien estuvo a cargo de la novena y anterior actualización de la lista, en 2013”, dice.

Y considera que la revisión debe ser una prioridad, ya que el Estado tiene que responder a las necesidades de personas que requieren medicamentos. Entre ellas, quienes viven con tipos de cáncer como leucemia o linfoma Hodgkin.

Carrasco, además, critica la existencia de la comisión ad hoc. Para él, el informe que entreguen no es vinculante ni avalado por la normativa.

Sobre el tema, Durán opinó que todo es legal, porque fue una decisión conjunta de los miembros de Conasa. “Están pidiendo que se les otorgue un par de elementos extras para tomar una mejor decisión”.

Paulina León, de 22 años, vive con linfoma Hodgkin, que afecta a su sistema inmunológico. El tratamiento mensual llega a USD 15 000. Son dos inyecciones para aplacar el dolor y subir sus defensas.

Por el alto costo del medicamento, su familia ha buscado opciones como “golpear puertas de fundaciones”. Así logró obtener las primeras dos de 17 dosis que dice necesitar.

¿Qué opciones tiene esta paciente? Durán responde que en casos muy particulares, quienes requieren un medicamento único pueden optar por interponer un proceso legal.

Esto fue posible mediante el Acuerdo Ministerial 158, que permite solicitar la compra de fármacos de forma inmediata y en casos excepcionales.

Una batalla así comenzó Stalin Sánchez, padre de familia de 49 años. Padece el mismo mal de Paulina. El año anterior, este oriundo de Guayaquil comenzó un proceso legal contra el Estado para acceder a los fármacos que mejorarían su calidad de vida, dice. Lo perdió. Apelará. También está atento al tipo de medicinas que se incorporarán al cuadro básico.

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