Población estudiantil venezolana está presente en 19…
La inseguridad preocupa a los vecinos de La Carolina
La conservación de bienes del patrimonio no despega …
La vacuna anticovid-19 también divide a familias
La precariedad del trabajo remunerado del hogar se p…
El atleta olímpico Álex Quiñónez fue asesinado en Guayaquil
Presidente Lasso viajará a España a principios de no…
Metro deja insubsistente modelo de gestión aprobado …

Evaluación a fiscales devela problemas en indagación de delitos

Laura Paredes pide a los agentes de la Fiscalía que investiguen la muerte de su hijo de 27 años. Foto: cortesía

Laura Paredes pide a los agentes de la Fiscalía que investiguen la muerte de su hijo de 27 años. Foto: cortesía

Laura Paredes pide a los agentes de la Fiscalía que investiguen la muerte de su hijo de 27 años. Foto: cortesía

Tres meses después de que arrancara la evaluación a 825 fiscales del país, este trabajo arroja las primeras conclusiones. Un informe preliminar del Consejo de la Judicatura (CJ) muestra problemas como la demora en el trámite de las causas o el hecho de que en las oficinas no se lleva un inventario de los expedientes penales.

Hasta el momento, personal de la Fiscalía, a cargo de la valoración, ha analizado 315 732 casos despachados entre el 2016 y el 2019. Hasta fines de año, el trabajo se ejecutó en 13 provincias y falta culminar la revisión en otras 11, entre estas, Pichincha y Guayas. El 8 de febrero del 2021 vence el plazo para que revisen todas las causas que faltan.

La última vez que fue valorado el personal fue en el 2013. El Código Orgánico de la Función Judicial (art. 87) dispone que estas evaluaciones deben realizarse “periódicamente”.

Esto no se cumplió, pues en el 2016 el CJ de ese entonces derogó el reglamento que avalaba estos procesos. El 27 de febrero del 2020 se expidió un nuevo documento y hoy se conocen cinco falencias en el trabajo que se ejecuta.

Laura Paredes recuerda que el asesinato de Jairo Dávalos, su hijo, de 27 años, lleva cinco años en indagación previa, es decir, en la primera fase de todo el trámite penal.

El Código Penal (art. 585) señala que la investigación previa debe durar 12 meses cuando se trata de delitos sancionados con hasta cinco años de cárcel y máximo 24 meses cuando la pena es de más de cinco años. Un homicidio como el de Dávalos es castigado con cárcel de 10 a 13 años.

Los evaluadores también detectaron que hay agentes que no ordenan pericias, toma de versiones u otras diligencias.

Vieron cómo los afectados, sus abogados o familiares deben acudir constantemente a la Fiscalía o enviar oficios para solicitar que avancen con las causas. Eso ocurrió con Fernando Montenegro, padre de Michelle. La joven, de 26 años, desapareció en junio del 2018, en la Armenia, afueras de Quito. Asegura haber enviado cinco pedidos para que se realicen pericias, reconstrucciones de hechos y toma de versiones, pero que no hay resultados.

Los hallazgos de la evaluación servirán para iniciar acciones disciplinarias. Además, para “dar directrices internas, corregir errores y mejorar el servicio”, sostiene la vocal del CJ, Maribel Barreno.

Al revisar los expedientes también se encontraron causas en las que los fiscales no pedían medidas de protección a favor de niños y adolescentes, víctimas de delitos sexuales.

No solicitaban a los jueces que emitan boletas de auxilio, tratamiento psicológico a los menores o la prohibición para que el agresor intimide a los afectados o a sus familiares.

Este Diario conoció el caso de Lorena. En abril del 2019, su hijo de 5 años fue agredido sexualmente por su primo. La madre presentó una denuncia por violación y hoy asegura que nunca le protegieron pese a las amenazas que recibía.

Para esta evaluación, en la página web de la Judicatura se habilitó un formulario para que los ciudadanos reporten la mala actuación de los fiscales. Desde el 6 de noviembre hasta el miércoles pasado se han conocido 81 denuncias.

La mayoría de quejas recae en Pichincha, Guayas, Tungurahua, Manabí y Chimborazo.

Rosa remitió un escrito a través de este sistema, pues recuerda que sufrió una agresión sexual en el 2017. El caso estuvo en indagación previa por más de dos años.

En marzo del año pasado supo que la agente solicitó a un juez archivarlo. Rosa pidió oficialmente que no lo hiciera, pero asegura que hasta el momento no tiene respuesta.

En contexto

Los fiscales evaluados deben obtener un puntaje mínimo de 80 sobre 100 para seguir en el cargo. Si obtienen una calificación menor a lo requerido serán removidos. Está previsto que el proceso de valoración culmine el próximo 30 de septiembre.

Suplementos digitales