Las movilización con las unidades de transporte escolar empezará a las 09:30 en Cuenca y avanzarán hasta el Centro Histórico. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO
La Federación de Transporte Escolar e Institucional del Azuay participará, este martes 7 de julio del 2020, en el “Pitazo contra la Banca”, la marcha pacífica organizada por la Federación Nacional. Las presiones por las deudas les preocupan a los transportistas.
En la capital azuaya las unidades saldrán, a las 09:30, desde dos puntos de la ciudad. Uno lo hará desde el sector del Mercado 27 de Febrero y el otro desde el parque Miraflores, para subir y confluir en el Centro Histórico. En total son 750 unidades que agrupa este gremio.
De ese número, menos de 80 están laborando porque han sido contratados para trasladar al personal de algunas instituciones públicas y privadas. El resto mantiene a sus unidades guardadas y en los casos que tenían conductores contratados, los despidieron.
Luis Pardo, dirigente de una de las empresas, dijo que la emergencia sanitaria por el covid-19 ha impactado terriblemente en sus economías. “Llevamos casi cuatro meses sin trabajar y para nosotros es más incierto el tiempo para reanudar nuestras actividades”.
Lo dice porque –al menos en Cuenca– los planteles educativos se preparan para –en septiembre próximo- seguir con las clases virtuales. Es decir, deberán esperar hasta que se controle la pandemia o se termine la emergencia sanitaria en el país.
Pardo dijo que casi a diario reciben llamadas telefónicas de las entidades financieras que les presionan para que se acerquen a pagar las deudas pendientes de los meses anteriores. “No tenemos cómo ni de dónde responder”, dijo Pardo.
Según él, la mayoría de los socios tienen deudas con los bancos o cooperativas, porque renovaron sus unidades, por nuevas o de menos años. Según la Ley de Tránsito, el transporte escolar e institucional tiene 15 años de vida útil.
La propuesta de este gremio es que el Gobierno Nacional tome en cuenta esta situación económica-social y acuerde con las autoridades de la banca para que aplacen –por un año- el tiempo para retomar los pagos mensuales de los créditos.