La cita buscó concretar acuerdos para evitar nuevos cierres en la carretera Panamericana. Foto: EL COMERCIO.
Las autoridades de la provincia del Carchi, ubicada en el norte de Ecuador, y 35 pobladores de las comunidades afro del Valle del Chota, situados en la Sierra Norte del país, se reunieron hoy, 24 de septiembre del 2014. La cita, que se extendió desde las 10:00 a 14:00, buscó concretar acuerdos para evitar nuevos cierres en la carretera Panamericana, en el tramo que enlaza a Imbabura con Carchi, como sucedió el lunes último.
Ese día 150 vecinos de las comunas colocaron piedras y quemaron neumáticos, para exigir que se esclarezca la muerte de Milton Chalá, un ciudadano de 36 años, nativo del Chota, luego que fue detenido durante un operativo de control de mercadería extranjera en Carchi. El cierre de la vía duró 16 horas, por lo que los vehículos se desplazaron por una vía secundaria.
Según Richard Borja, primo del fallecido, su familia demanda justicia y transparencia en los exámenes especiales que realiza la Fiscalía Provincial del Carchi. Sostiene que existen sospechas de que un uniformado habría golpeado y provocado la muerte de Chalá, mientras era trasladado desde la ciudad de San Gabriel a Tulcán.
El gobernador del Carchi, Diego Landázuri, ofreció todas las garantías para que los exámenes médico-legistas transparenten las causas del deceso. Mientras que, el director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Javier Cárdenas, señaló (el 23 de septiembre, en Guayaquil) que investigarán todos los detalles que ocurrieron durante ese operativo.
“El primer informe no determina ningún tipo de golpes y se están haciendo exámenes de laboratorio más profundo, que podrían esclarecer el hecho. En el transcurso de esta semana se conocerán los resultados”, agregó Cárdenas.
Entre tanto, Ana Cervantes, esposa de Milton Chalá, viajó a Tulcán para pedir justicia. Aseguró que su esposo no tenía ninguna enfermedad.
Los manifestantes reclaman además la devolución de 27 automotores, decomisados en los últimos cuatro años, supuestamente con mercancías sin documentación aduanera. Al término de la reunión, el Gobernador se comprometió a garantizar las investigaciones y a solicitar a la Fiscalía que agilice el estado legal de esos vehículos.
Mientras que, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador pidió a las personas que viven del comercio de mercaderías extranjeras, entre Colombia y Ecuador, regularicen su actividad. También se anunció que el Gobierno ofrecerá un bono de vivienda a la familia del fallecido y un empleo para la viuda.