Artículos de aseo como pasta dental, champú, tinte para el cabello, papel higiénico, entre otros pagan IVA. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
La Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto se publicará “hoy o el lunes” en el Registro Oficial, informó ayer el director de este organismo, Hugo del Pozo.
Esto significa que impuestos como el IVA del 14% regirá desde el 1 de junio. La Ley establece que al usar dinero electrónico habrá una devolución de cuatro puntos del IVA.
Otras contribuciones contempladas en la Ley también rigen desde el próximo mes.
Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), aseguró que en el transcurso de la próxima semana estará listo el reglamento a la ley para aclarar algunos puntos pendientes. Entre ellos, los procesos que deben seguir los profesionales independientes que participan de actividades empresariales.
Ante la aprobación de la ley, varios sectores han manifestado su inconformidad.
Los colegios de abogados de Pichincha y Cotopaxi dijeron que no acatarán la transitoria tercera, que dispone que los estudios jurídicos deben enviar al SRI un reporte sobre la creación, uso y propiedad de firmas en paraísos fiscales.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad al aporte solidario sobre los salarios, contemplado en la Ley, dijo Mesías Tatamuez, titular del gremio.
La iniciativa es inconstitucional porque “contradice al artículo 328 de la Constitución”, que dice que el “salario no puede ser susceptible de gravamen alguno”, expresó Mesías.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) reaccionó también ayer frente a la vigencia de la Ley. En Guayaquil, advirtieron que la imposición de más tributos no abona al bienestar de la economía.
Richard Martínez, titular del CCE, consideró que la política económica “está a la deriva. No hay programa económico que permita tener un horizonte en el mediano y largo plazos”.
En tanto, los bancos privados pidieron una prórroga de hasta 30 días para cumplir con la resolución del SRI, que dispone la entrega de información detallada de las transacciones con tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico. El SRI explicó que la medida solo busca contar con información a efectos de realizar la devolución del IVA contemplada en la Ley.