Ayer, en el Hospital Andrade Marín, la atención fue normal. La mayoría de convenios con las clínicas se mantiene. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO
Se hacían cirugías a diferentes pacientes, a la misma hora y con los mismos médicos. Luego se descubrió que se facturaban procedimientos inexistentes y sin justificación.
En otros casos se cobraba sin sustento el empleo de equipos especiales “sin que estos hayan sido autorizados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni se haya justificado el costo del servicio”.
Esas son una parte de las observaciones que aborda el informe especial de la Contraloría General del Estado (CGE) en contra de 36 hospitales y clínicas privadas que causaron un supuesto perjuicio de USD 503,7 millones al IESS. De ese monto, USD 109,9 millones corresponden a 24 centros de Pichincha y USD 393,8 a
12 del Guayas.
El director del IESS, Richard Espinosa, hizo públicos los datos el jueves. Aclaró que meses atrás se terminó el convenio con 80 centros de salud privados y se depuraron los acuerdos con 72 más en el país. De la suma total, 97 corresponden a Pichincha, 21 a Guayas, Manabí 10, Azuay 9, El Oro 8, Tungurahua 4 y Chimborazo 3.
Antes de la denuncia, a escala nacional existían unos 900 convenios. “El resto tiene que seguir brindando servicios, pero cobrando lo que siempre debieron cobrar, al menos hasta que nuestra infraestructura esté terminada”, apuntó Espinosa, quien pidió que se investigue a 36 gerentes de las clínicas y hospitales privados, así como a los subdirectores nacionales y provinciales de Salud del Seguro Social.
“De las 36 clínicas observadas también se cerraron algunas como la Panamericana, de Guayaquil, y la Inglesa, de Quito”, apuntó el titular del Consejo Directivo del IESS.
Lo mismo ocurre con R.DES Servicios Corporativos, firma externa encargada de las auditorías médicas, a la que le terminaron el contrato. Ahora un equipo controla y verifica las auditorías elaboradas por ella. “Se busca comprobar que realizó bien su trabajo. Caso contrario, habría responsabilidades y sanciones”, manifestó.
Otra irregularidad que detectó la Contraloría fue que un hospital privado ingresó reclamos para el reconocimiento económico por los servicios de salud brindados a los pacientes, “sin observar las condiciones y precios estipulados en el tarifario de prestaciones para el sistema nacional de salud de manera reiterativa, lo cual fue observado por la esa empresa”.
Sin embargo, el prestador insistió en el ingreso de planillas con las deficiencias que esa empresa objetó, lo que permitió que varias hayan sido aceptadas por la empresa evaluadora, en contra de norma expresa. Por eso hubo un perjuicio de USD 22 millones.
En el IESS no se especificó un tiempo estandarizado para recuperar los USD 503,7 millones del perjuicio. Se aclaró que esto dependerá de la cantidad de dinero. Si son montos menores se recuperará en un plazo de 30 días, pero si se trata de sumas altas se establecerá un cronograma de evaluación que puede tardarse un año.
Tras las aseveraciones del funcionario, este Diario buscó reacciones de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privador del Ecuador (Achpe). Ana Delgado, directora ejecutiva de ese gremio, espera que se publique el informe definitivo de la CGE para pronunciarse.
“El momento en que la Contraloría General hace el primer borrador, ellos convocan a las instituciones que están incluidas en ese examen especial, les presentan el informe y se espera que las instituciones comiencen a justificar los rubros que son parte de la documentación entregada”, precisó.
Añadió que la mayoría de miembros de Achpe se encuentran actualmente en ese proceso de documentación. “Están recién presentando los descargos que Contraloría ha pedido para analizar si la solicitud de cobros fue correctamente presentada o no”.
En la actualidad- indicó la funcionaria- Achpe tiene 42 miembros a escala nacional.
De ellos, alrededor de seis u ocho posiblemente integrarían la lista de 36 firmas que supuestamente perjudicaron al IESS. De momento, las autoridades de los centros de salud privados que son investigados se encuentran en diálogo con los dirigentes de Achpe.
Sin embargo, consultado por EL COMERCIO, Espinosa reiteró que el informe presentado por la Contraloría ya es definitivo. “Los documentos de exámenes especiales no se publican en su página web y los dos informes ya están en ella”.
En las casas de salud privadas dicen no tener información. Una funcionaria que manejaba los convenios con el IESS en un hospital del centro de Quito aseguró que el Instituto les notificó el cierre del acuerdo el 3 de junio. Agregó que desconoce los resultados del informe de la Contraloría y no se pronunció sobre aquello.
Este Diario también se comunicó con otras cuatro clínicas y hospitales de la lista entregada por la Contraloría. Trabajadores de administración de las cuatro señalaron que no se les ha notificado sobre una posible suspensión del convenio con el IESS. Tampoco les han indicado que tengan problemas con Contraloría.
En cuanto a un posible sobreprecio en los servicios que prestaron para el Seguro Social, los trabajadores indicaron que se rigieron al tarifario público y que no atentaron al erario nacional.
Infraestructura de salud
Entre otras medidas, Espinosa indicó que se debe bajar de manera urgente la dependencia del IESS con los hospitales privados para mantener las prestaciones de salud.
Destacó que se terminaron de construir el Hospital Básico de Sucumbíos, el Centro de Especialidades del Comité del Pueblo en el norte de Quito y el Centro Médico Integral de Santo Domingo. Por otro lado se avanza la construcción de seis centros asistenciales en Guayaquil (hasta febrero del 2017), Machala (diciembre 2016), Cañar, Quevedo (septiembre 2016), Quito y Puyo.
También está planificada y presupuestada la edificación de centros de salud en Cuenca, Zaruma, Guaranda, Manta, Bahía de Caráquez, Machala, centros de diálisis en territorio nacional y 40 centros de salud del seguro social campesino.
En contexto
Para recuperar los USD 503 millones habrá un cruce de cuentas. Esto según los montos cobrados en exceso por las clínicas privadas. Dependiendo del caso, se espera recuperar la inversión en un plazo de 30 días, pero también puede tardar hasta un año.
