En Quito se desarrolla desde este lunes 30 hasta el martes 31 de mayo la IV Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos. El objetivo es fortalecer la articulación sobre movilidad humana en la región entre las instituciones que conforman la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
Quito es la sede de la IV Cumbre que reúne desde esta mañana a los titulares de las Defensorías del Pueblo, representantes de Instituciones de Derechos Humanos de 21 países y organizaciones internacionales.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la institución anfitriona del evento. Su titular encargado, César Córdova, hizo un llamado a la empatía con la realidad de los migrantes para responder de forma articulada. Esto en particular a la migración de ciudadanos venezolanos.
“La cooperación interinstitucional y las alianzas estratégicas son mecanismos imprescindibles hoy en día, a ser activados para responder consecuencias multidimensionales de los distintos flujos migratorios”, señaló Córdova al inaugurar el evento en el Hotel Mercure.
Considera que las acciones deben ser más preventivas que reactivas porque, con base en estimaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el número de venezolanos en situación de movilidad, a nivel general, podría incrementar este año a siete millones.
Charles Michel Geurts, embajador de la Unión Europea (EU) en Ecuador, ratificó que el compromiso de la UE ante la crisis migratoria venezolana está intacto. 15 proyectos en Ecuador reciben recursos de la UE.
Blanca Izaguirre, vicepresidenta de la FIO, adelantó que al finalizar el encuentro se presentará un Protocolo. El documento versará sobre la prevención y respuesta a violaciones o posibles vulneraciones de derechos humanos a personas en contexto de movilidad humana internacional.
Migración en Ecuador
Santiago Ruiz, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, explicó que el país registra la mayor cantidad de refugiados. Hay 72 000 personas reconocidas con ese estatus y de ellas el 96,29% son ciudadanos colombianos.
Sin embargo, “en el último año hemos tenido un 67% de solicitudes de refugio de población venezolana. Es decir, que está incrementándose mucho en el pedido de refugio”, puntualizó el funcionario.
Ecuador tiene actualmente, según Ruiz, 520 000 venezolanos con fines de permanencia y entre 250 000 y 300 000 que están en tránsito, que puede ser de un mes o un año. El 3% de la población en Ecuador es corresponde a venezolanos. Pero Ecuador solo ha logrado captar el 30% de la cooperación en la región, por lo que es “fundamental realizar esfuerzos” para mayor cooperación.
Ruiz ejemplificó que 400 000 venezolanos fueron atendidos en unidades de salud, cerca de 250 000 recibieron la vacuna anticovid y el 60% de 87 000 extranjeros que estudian en Ecuador son venezolanos. Eso representa aproximadamente USD 82 millones anuales al país, “un presupuesto bastante importante”.
La Cancillería plantea que los venezolanos que tienen un titulo universitario sean integrados al aparato productivo para incrementar el Producto Interno Bruto (PIB). Para ello es necesario que se generen políticas públicas eficaces, según el Subsecretario.
Se creará una Unidad específica, con asesoramiento del Banco Mundial y Canadá, para estandarizar las políticas para la inclusión socioeconómica y captar dicha cooperación.
Proceso de regularización
Ruiz mencionó que un nuevo proceso de regularización está a puertas de efectuarse. El Ministerio de Gobierno hará un registro de las personas en movilidad de todas las nacionalidades; luego, quienes obtengan una visa de permanencia para dos años, podrán renovarla por otros dos años. Pueden cambiarla por una visa de trabajo; por último, pueden obtener su cédula de ciudadanía en el Registro Civil.
Primero se regularizará a la población venezolana que ingresó de forma regular a Ecuador; después a ciudadanos de otras nacionalidades que ingresaron de manera regular; y luego a personas de distintas nacionalidades que entraron de manera irregular.
La Cancillería está a la espera de que el presidente Guillermo Lasso firme el Decreto correspondiente e indique la fecha del inicio del proceso.