10 de octubre de 2019 19:53

12 colectivos sociales piden investigar detenciones y agresiones durante las protestas

12 organizaciones sociales se pronunciaron frente a la crisis que vive el país. Solicitan la creación de una comisión de investigación “para identificar a miembros de la fuerza pública que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos”. EL COMERCIO

12 organizaciones sociales se pronunciaron frente a la crisis que vive el país. Solicitan la creación de una comisión de investigación “para identificar a miembros de la fuerza pública que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos”. EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Samuel Morán lleva varios puntos debido a una herida en su cabeza y un hematoma cubre su ojo derecho. Este defensor comunitario, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, asistió ayer a la marcha convocada por varias organizaciones sociales en Guayaquil, en contra de las medidas económicas del Gobierno.

“Fui brutalmente agredido por la Policía Nacional (…). Fueron cuatro motorizados los que me pegaron, brutalmente”, relató este jueves 10 de octubre de 2019. Morán, quien además es integrante de la agrupación Casas Colectivas, también denunció que ha recibido amenazas.

Su testimonio fue parte de un pronunciamiento firmado por 12 organizaciones sociales frente a la crisis que vive el país. En el documento solicitan la creación de una comisión de investigación “para identificar a los miembros de la fuerza pública que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos” durante las manifestaciones.

El Ministerio de Gobierno informó que 766 personas han sido detenidas desde el pasado jueves, cuando comenzaron las protestas. Guayaquil registra la mayor cantidad, con 177 detenciones; y en Quito hubo 163 aprehensiones, según las autoridades.

Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, la cifra sería mayor debido a irregularidades detectadas en el manejo de los procesos judiciales, por ejemplo, el retraso en la emisión de los partes de detención que ha causado desapariciones temporales.

Entre estos casos mencionó el de una universitaria, detenida el jueves 3 de octubre de 2019 durante una manifestación en la avenida Malecón Simón Bolívar. “Uno de los dos policías que estaba en la patrulla trasladó a su cónyuge a comprar pañales con la detenida dentro de la patrulla. Eso es un acto absolutamente irregular sobre lo cual no se ha dado ninguna explicación”.

Hugo Lema, representante del pueblo quichua de la Costa, denunció que hubo tres heridos luego de la manifestación pacífica convocada la mañana de ayer por las iglesias evangélicas de las comunidades indígenas de Guayaquil. La marcha recorrió un tramo de la avenida 9 de Octubre.

“Solo tenían Biblias en sus manos y les lanzaron gases lacrimógenos (…). Cinco policías golpearon a una compañera indígena, indefensa. Eso no es democracia, son actos de cobardía que no miden las consecuencias”, dijo.

El colectivo Aborto Libre se unió a esa manifestación, que casi se extendió hasta el mediodía. “Nos lanzaron bombas lacrimógenas, nos siguieron, nos golpearon. Logré huir y desde el balcón de mi casa vi que seis policías golpearon a una persona sin armas”, dijo Juliana Ortiz, vocera del grupo.

La derogatoria del Decreto 883, que fijó el alza de los combustibles, es el pedido de base de estos colectivos. Raquel Silva, de la organización campesina Tierra y Vida, explica que la elevación del diésel que utilizan para sus maquinarias y bombas de riego y drenaje incide en los costos de producción.

“Antes comprábamos un galón de diésel a USD 1,03 y ahora está en USD 2,27. Es el doble (…). Quieren que en el campo vendamos a lo mismo y no podemos. Con este aumento de casi 125% estamos en la quiebra”.

Los grupos sociales piden además el levantamiento del estado de excepción. Y la salida de los ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín.

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