Redacción Sociedad
La verde maleza cubre la entrada principal del subcentro de salud Victoria. La estrecha calle de ingreso está llena de tierra y no ha cambiado en 22 años.
En 1987, el Estado construyó esta casa de salud para atender a una parte de los habitantes de Guamaní, una parroquia asentada en el extremo sur de Quito.
Desde entonces, la única ampliación de la infraestructura ocurrió en 2003. En este Gobierno hubo ofertas para mejorar la consulta externa y los consultorios, pero todo sigue en proyectos.
En seis subcentros del sur los principales inconvenientes son la falta de médicos y de una mejor área física. Esto, pese a que la propaganda oficial señala que en este Gobierno se han invertido USD 1 700 millones en salud y que se ha trabajado en infraestructura hospitalaria. Solo en 2009 se destinaron USD 1 002 millones frente a los 720 millones de 2008.
En lo que sí favoreció esta inversión es en la dotación de medicinas. Los centros estatales cuentan con fármacos para hipertensión, diabetes, presión alta, entre otros.
A las 09:00 del martes 1 de diciembre, los pacientes que llegan al subcentro Victoria esperan en una pequeña sala. Julia Padilla prefiere acudir en las mañanas, porque Edwin Albán es el único médico que trabaja y atiende solo hasta el mediodía. Padilla, quien permanece con su hijo de tres años enfermo, recuerda que “antes sí había doctores hasta la tarde”. Albán aclara que solo el primer año de Gobierno los médicos trabajaron ocho horas. Pero luego sus contratos no se renovaron.
En 2007, el Gobierno dispuso que los 1 861 centros y subcentros de salud del país atiendan ocho horas y no cuatro como era costumbre. Pero en la Victoria la única que ahora permanece en la tarde es la enfermera. También trabaja la odontóloga Carolina Moya, aunque dice que la gente no quiere solo ese servicio. “Las usuarias vienen por todo. Una mamacita embarazada se acerca para que le atienda el doctor y luego yo, pero si el médico no está en la tarde mejor no viene…”.
A las 17:09 del 27 de noviembre, este Diario pidió al Ministerio de Salud Pública, por escrito, que explique cómo se han invertido los recursos, pero la solicitud no fue respondida.
Vía telefónica, el jueves 3 de diciembre, la directora de Salud de Pichincha, Bernarda Salas, negó que se trabaje solo hasta el mediodía, “porque se ha contratado a 700 personas”. “Hemos trabajado, pero es casi imposible ir al ritmo de las necesidades de la gente. Cuando hay una demanda represada de 25 años no alcanza el tiempo, ni el dinero”, sostuvo.
A 3 kilómetros del subcentro Victoria está Matilde Álvarez. En este subcentro también hace falta personal. La mañana del martes 1, la casa de salud no abrió.
Un empleado del lugar indicó que las doctoras visitan las escuelas y que “la gente ya sabe que no hay atención”. En una pizarra líquida colgada en la pared se informa que tampoco hay odontólogos y que la obstetra comenzará a trabajar el 4 de enero.
“Siempre dicen lo mismo. Viene una doctora y se va otra”, señala Martha Alomoto. Ella intentaba ingresar con su hija de 4 años pero no lo logró. “Ahora tengo que irme al (hospital) Baca Ortiz, porque a mi chiquita le duele el estómago y no puede dormir…”.
Los problemas en los dispensarios -según el director del Instituto de Salud Pública, Édison Aguilar- retornaron porque “Salud no elaboró un plan sostenido a largo plazo, sino que se emitieron medidas emergentes para resolver un problema puntual”.
La atención inicial de ocho horas en los subcentros se logró con la emergencia decretada por el Gobierno. Con los USD 50 millones destinados inicialmente en esta fase, entre otras cosas, 4 000 profesionales médicos se enrolaron con contratos provisionales.
Pero luego de un año no todos los contratos se renovaron y las casas de salud se quedaron sin personal. Hace tres años, la ministra de Salud, Caroline Chang, ofreció la creación de 4 500 plazas fijas. El 12 de marzo de 2007, el presidente Rafael Correa reiteró que eso será prioritario en la emergencia. Esta declaratoria finalizó un año después (2008) y la contratación continúa en proceso.
El caso llegó a la Defensoría del Pueblo. El comisionado de Pichincha, Jaime Hernández, pidió que los usuarios afectados por falta de atención presenten quejas formales para trasladarlas al Ministerio. Hace 15 días, la asambleísta oficialista y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Pamela Falconí, ya lo hizo. Ante la ministra Chang expuso la falta de personal, la inestabilidad laboral de los médicos y la necesidad de trabajar más en infraestructura.
En el subcentro El Rocío (sur de Quito) la situación no varía. Los pacientes deben madrugar para alcanzar a un cupo. Luego de que el Ministerio de Salud eliminó el cobro en consulta externa, el número de usuarios aumentó en 50% en todas las casas asistenciales. Por ello, El Rocío demandó que se amplíe el pequeño subcentro, pero eso está en proyecto.
Nelly Contreras, odontóloga que labora ocho años, recuerda que la última ampliación se efectuó hace cinco años…