Este lunes 23 de julio del 2018, se realizó la audiencia de apelación de la suspensión del proyecto minero Río Blanco, en la Corte de Justicia de Azuay. Foto: Giovanny Astudillo/ EL COMERCIO
Un plazo de hasta ocho días dio la Corte Provincial de Justicia de Azuay para pronunciarse sobre la apelación presentada por el Estado para reactivar las actividades en el proyecto minero Río Blanco, en Azuay.
La mañana de este lunes 23 de julio del 2018 se realizó la audiencia de apelación con la participación de los representantes del concesionario Ecuagoldming, funcionarios del Gobierno, los opositores al proyecto y el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera.
Este proyecto está suspendido desde junio pasado por un dictamen del juez civil de Cuenca, Paúl Serrano. Él argumentó que se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades cercanas al proyecto”.
En el parque Calderón se reunieron los grupos que están en contra y a favor de la minería. Foto: Giovanny Astudillo/ EL COMERCIO
El argumento de apelación es que se trata de una interpretación errónea sobre lo que dice la Constitución respecto a la consulta previa. El viceministro de Minería de Ecuador, Henry Troya, señaló que no existen estudios antropológicos que indiquen que en la zona de Río Blanco existan pueblos ancestrales.
Pero el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, aseguró que en la zona de influencia de este proyecto sí existen poblados indígenas y campesinos, cuyos habitantes llevan apellidos son kichwas y cañaris.
En los exteriores de la Corte de Justicia de Azuay se agruparon centenares de campesinos, que están en contra de la minería. Ellos llevaron carteles en contra de Río Blanco y gritaron consignas. También hubo campesinos que están a favor de este proyecto, ubicado en la zona nororiental de la provincia azuaya.