19 de septiembre de 2018 00:00

Depuración de la Asamblea Nacional depende de órganos de control

Los jefes de las bancadas legislativas antes de su reunión, este martes 18 de septiembre, con Elizabeth Cabezas. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Los jefes de las bancadas legislativas antes de su reunión, este martes 18 de septiembre, con Elizabeth Cabezas. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

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Redacción Política (I)
politica@elcomercio.com

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Por unanimidad, y sin un debate de por medio, el Pleno de la Asamblea aprobó este martes, 18 de septiembre del 2018, una nueva resolución en respuesta a las denuncias de cobros indebidos a asesores por parte de legisladores. Además, este miércoles la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, firmará acuerdos con la Fiscalía y la Contraloría para concretar acciones inmediatas del tema.

El objetivo de la Asamblea es solicitar a la Contraloría que disponga auditorías a las cuentas bancarias en las que se acreditan las remuneraciones de los parlamentarios y los funcionarios legislativos, a partir de mayo de 2013.

Además de requerir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que revise las cuentas de los exfuncionarios y actuales funcionarios ocasionales de la Asamblea Nacional, en el último lustro.

En la resolución, de seis artículos y dos disposiciones finales, se explica que ese cruce de cuentas permitirá “determinar si existen o no retiros por montos reiterativos, mes a mes, y/o transferencias de esos valores y a qué cuentas, que pudieren hacer presumir la existencia de ilícitos”.

A esas instituciones, la Legislatura les requiere que tanto la auditoría como el análisis financiero se realicen en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de aprobación y notificación de la misma, “por lo delicado del tema”.

Ni en este documento ni en la resolución con la que el pasado 6 de septiembre el Pleno ofreció dar facilidades para que la Fiscalía y Contraloría investiguen el tema -y garantías para que los afectados denuncien-, se alude a generar una autodepuración del Parlamento.

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


Rodeada de los jefes de todas las bancadas que forman parte de la Asamblea, al concluir la votación, la oficialista Elizabeth Cabezas convocó a la prensa a su despacho y manifestó que “hay unidad total” para que se conozcan y transparenten estos casos.

“Todos los ciudadanos que sean involucrados, en el momento en que se tengan denuncias puntuales, tienen el derecho al debido proceso, y sobre eso obviamente se deberá esperar que esos procesos tengan un avance para tomar cualquier decisión”, apuntó.

A diferencia de otros parlamentos como el de Colombia, Perú o Chile, el de Ecuador no cuenta con un código de ética. Esa norma estuvo contemplada en la Constitución de 1998, pero fue derogada con la nueva Carta Magna del 2008.

Sin herramientas de ese tipo, para Fabricio Villamar, legislador de Creo y proponente de la última resolución, resulta “imposible” una depuración, “a menos de que haya una intervención de la justicia”.

Así también lo cree Eliceo Azuero, del Bloque de Integración Nacional, quien impulsa un Código Orgánico de Ética Parlamentaria, en el que se estipulen condiciones para sancionar a infractores. Además de un Comité en el que estén representadas cada una de las cinco bancadas legislativas para resolver estos casos.

A su vez, Cabezas adelantó que se analizarán reformas a la Ley de la Función Legislativa para, entre otras cosas, mejorar los controles a los colaboradores y los perfiles de selección de los funcionarios.

Sin dar nombres, al interior del Pleno, Villamar ventiló por lo menos una decena de casos de actos ilícitos y dijo que acudirá con las denuncias a la Fiscalía y al Consejo de Participación Ciudadana.

Villamar leyó chats que, según dijo, correspondían a legisladores con su personal. “Como aquel -ejemplificó- que dice que la asambleísta se ‘llena la boca de Dios’ y a mí me pedía USD 500”.

Los abogados y excongresistas Santiago Guarderas y Enrique Herrería concordaron en que la Asamblea debió promover un proceso de depuración interna y no dejar el tema solamente en manos de la justicia y los organismos de control.

“Es una forma de lavarse las manos, dejar en manos de un tercero, no sancionar estas irregularidades y, más bien, pasar la pelotita a la Función Judicial”, manifestó el jurista.

Herrería sugirió, además, la conformación de una comisión multipartidista para que se encargue de hacer las investigaciones, coadyuvar en la tarea de la Fiscalía y resolver sobre estos hechos.

Elizabeth Cabezas: ‘Aquí no hay espíritu de cuerpo’

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, suscribirá este miércoles 19 de septiembre del 2018, a las 09:30, un convenio con la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana para investigar denuncias de cobros indebidos.

“Esto -dijo la titular de la Asamblea- da un claro mensaje de que aquí no hay espíritu de cuerpo, que aquí lo que se requiere es transparentar y mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que estas situaciones que se han venido dando en la Asamblea, según dicen desde años atrás, tienen que ser cortadas”.

Cabezas agregó que “estas prácticas reñidas con la ética tienen que quedar en el pasado. Legalmente usted puede investigar todos los períodos que quiera, y eso lo hacemos con este convenio”.

Rechazó que haya sectores que se aprovechen para sugerir acciones como la muerte cruzada, un mecanismo constitucional para disolver la Asamblea. “Tratar de sacar beneficio del caos es la manera más irresponsable de hacer política”.

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