23 de septiembre de 2018 00:00

Demanda por USD 11 450 millones se sustentaría en papeles falsos

La supuesta afectación ambiental habría ocurrido en Borbón, provincia de Esmeraldas.

La supuesta afectación ambiental habría ocurrido en Borbón, provincia de Esmeraldas. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Mayra Pacheco y 
Marcel Bonilla
Redactora (I)

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Un ciudadano ecuatoriano, Roger M., pretende que la empresa estatal Petroecuador cancele USD 11 450 millones a favor de organizaciones sociales de Esmeraldas, por supuestos daños ambientales del Estado ecuatoriano en esta provincia. Pero de acuerdo con la Procuraduría General, esta demanda se basa en el uso de un documento falso.

Este caso, planteado por Roger M. en abril del 2017, en un juzgado panameño, es el de mayor cuantía que tiene Ecuador en cortes internacionales. Representa el 83% de los USD 13 741 millones requeridos en 36 procesos. Este monto es incluso 8,7 veces superior al presupuesto de la petrolera estatal de este año. Pero esto no ha sido una limitante para intentar cobrar ese dinero.

Dentro del proceso que se inició en Panamá, un juez ordenó el embargo del dinero que la petrolera ecuatoriana pudiera tener en cuentas del sistema financiero de ese país.

Esta medida no se ejecutó y Ecuador inició acciones para solicitar la nulidad del proceso por basarse en un “documento falso”, informó la Procuraduría, que asumió la defensa de Petroecuador en este caso.

Antes que trascienda este caso a cortes internacionales, hace siete años, supuestos representantes de cinco organizaciones sociales de Esmeraldas, entre ellos Roger M., realizaron varias gestiones en Ecuador para tratar de cobrar a la petrolera estatal.

Esas asociaciones están relacionadas con adolescentes, comerciantes minoristas, pequeños comerciantes y expendedores de jugos. Este Diario intentó buscar la versión de los representantes de estas organizaciones en Esmeraldas, pero no fue posible hallar las direcciones ni los números telefónicos de contacto.

Los intentos de cobro a la petrolera se basaron en un supuesto acuerdo de pago irrevocable suscrito por Washington Gallegos, vicepresidente de Petrocomercial, en el 2005.

Pero el documento no se ha encontrado en los archivos de la petrolera ni en los de una notaría de Manta, en la provincia de Manabí, donde aparentemente se suscribió dicho convenio. Además, el funcionario de Petrocomercial aseguró que no firmó ese acuerdo.

A criterio de los demandantes, la supuesta deuda de Petroecuador con las asociaciones se originó tras una demanda al Estado, por deforestación y tala indiscriminada de bosques en Borbón, una pequeña localidad de Esmeraldas, que se produjo en 1994. Por esto la estatal debía, al parecer, cancelar USD 4 000 millones.

Para hacer efectivo el pago de ese monto, los supuestos representantes de las asociaciones realizaron acciones desde el 2011. Entonces, se intentó cobrar USD 95,4 millones.

Esta información consta en documentos sobre este caso a los que accedió este Diario y en una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de diciembre del 2017.

Con el afán de hacer efectivo el pago, los supuestos dirigentes obtuvieron una acción de protección emitida por el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, en diciembre del 2011.

Con este recurso, entre el 2012 y el 2015, los supuestos representantes de las organizaciones civiles esmeraldeñas intentaron que el Banco Central del Ecuador y otras tres entidades del sistema financiero ecuatoriano debitaran ese valor de las cuentas de la empresa petrolera.

Roger M. incluso propuso que el dinero fuera transferido a su cuenta personal. Ninguna de estas acciones prosperó.

Los supuestos dirigentes siguieron insistiendo y presentaron pedidos para hacer efectivo el cobro incluso después de que la Corte Constitucional, máximo organismo de justicia en Ecuador, declarara nula la acción de protección de Esmeraldas, en agosto del 2013.

Para frenar estos intentos, Petroecuador interpuso en el 2016 una demanda en contra de Carlos R., Juan B., Neiva V. y Roger M., supuestos representantes de las organizaciones civiles de Esmeraldas, por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Ese delito se castiga con privación de la libertad de cinco a siete años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De los cuatro demandados, solo Roger M. se encuentra cumpliendo una condena en el Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas tras la sentencia de segunda instancia de diciembre del 2017, informó la Procuraduría. Él interpuso la demanda en Panamá y la ha continuado estando detenido en el Ecuador.

En su defensa, Roger M. argumentó que no existió delito porque no se hizo el pago.

Neiva V. fue declarada inocente. Su defensor público, Diego Sizalema, expresó que ella actuó amparada en la acción de protección concedida en Esmeraldas. Nunca se probó que ella falsificó estos documentos, sostuvo el abogado.

La defensa de la petrolera mostró que la acusada pretendía cobrar como honorarios el 50% del monto reclamado, es decir USD 47,7 millones.

Este proceso aún no concluye. Mañana a las 16:00 está prevista una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en la que se tratará el recurso de casación planteado por Petroecuador. Este Diario solicitó el 13 de septiembre del 2018, la postura de la firma sobre el caso, pero hasta el pasado sábado 22 de septiembre de 2018 no hubo respuesta.

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