27 de octubre de 2019 19:26

La defensa del ex ministro Espinel dilató el caso durante ocho meses

El ex ministro Iván Espinel fue sentenciado a diez años por lavado de activos. Foto: Archivo El Comercio.

El ex ministro Iván Espinel fue sentenciado a diez años por lavado de activos. Foto: Archivo El Comercio.

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Redacción Guayaquil

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Desde la excusa de un juez por ser compadre de un abogado, certificados por enfermedad, ausencias por estudios y recusaciones. Esa fue la estrategia que utilizó la defensa de Iván Espinel para dilatar el proceso por enriquecimiento ilícito.

El 22 de febrero de este año se realizó la primera convocatoria para la audiencia preparatoria de juicio. Pero durante ocho meses el caso pasó por cuatro jueces y diez diligencias fallidas. Hasta que el martes pasado se instaló y el juez de Garantías Penales, Jorge Martínez, resolvió la nulidad.

Según la Fiscalía, el exministro de Inclusión Social no pudo justificar USD 555 000 y apeló el fallo porque considera que hay las pruebas suficientes para que sea juzgado por enriquecimiento ilícito.

El primer retraso ocurrió, el 8 de marzo pasado. La audiencia no se instaló por inasistencia de la abogada defensora, Vanessa Zavala, que dijo estar “indispuesta de salud” y envió un certificado del IESS.

Luego, el mismo día, ella y el otro abogado, César García, presentaron una demanda de conflicto de competencia. Estaban en acuerdo en que el caso lo llevara un juez de Samborondón y la Corte Provincial delegó a otro en Guayaquil.

García es el socio principal y gerente del Estudio Jurídico García & Partner, y Zavala es su socia. Son los abogados de todas las causas que enfrenta Espinel y representan también al exministro Vinicio Alvarado, en el caso de Sobornos que se lleva en Quito.

El 29 de mayo, el nuevo juez Jorge Guzmán hizo la segunda convocatoria para el 18 de junio. Pero cinco días antes, Zavala pidió un diferimiento porque debía acudir a una diligencia en Quito con su cliente.

La tercera y la cuarta convocatoria para preparar el juicio tampoco se pudieron concretar. En la primera, la justificación fue que los abogados defensores debían viajar al exterior por asuntos académicos entre el 6 y el 31 de julio.

La cuarta ocasión, se convocó para el 14 de agosto. Pero un día antes, Zavala se declaró una vez más “indispuesta de salud”. El certificado médico particular que presentó estaba validado por el IESS.

Para la quinta convocatoria, del 28 de agosto, Zavala volvió a solicitar un diferimiento. Esta vez debía asistir a otra diligencia en Quito.

El fiscal Gustavo Benítez dice que todo justificativo que se presentó para diferir el proceso debía ser “real”. Pero recuerda que vio un certificado médico de Zavala que estaba con un diagnóstico médico de “enfermedad general y eso no existe”. Añade que los jueces debían analizarlos, pero la posible sanción ante esas actuaciones es competencia del Consejo de la Judicatura.

García señala que la acumulación de procesos contra Espinel generó “presión mediática” y a momentos “estrés” que causó problemas de salud a su socia. Recuerda que en el proceso de lavado de activos, en que el exministro fue sentenciado a 10 años, tuvo 19 días de audiencias y la Fiscalía puso de inmediato el caso de enriquecimiento ilícito.

En el proceso de lavado de activos, Zavala también presentó certificados de salud para justificar su ausencia. Uno de ellos fue por evento psicotraumatizante, con síntomas de ansiedad y depresión.

Hubo un hecho sui géneris en el caso de enriquecimiento ilícito. La defensa de Espinel presentó en una diligencia como abogado a Marco Publio. Pero el juez Guzmán tuvo que excusarse porque resultó que era su compadre.

“Mantiene con el infrascrito juez una relación de amistad de 35 años. Además de una relación espiritual, somos compadres, por ser padrino de uno de mis hijos”. Cuando llegó la nueva jueza, Yesenia Hidalgo, el jurista ya no se presentó y más bien ella fue recusada.

Ambos jueces fueron suspendidos 90 días por incurrir en “actuaciones irregulares” .

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