7 de September de 2009 00:00

La corrupción policial se combate

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Redacción Judicial 
 
La Policía apuesta a la motivación para frenar la  corrupción en sus filas. En el Regimiento Quito, el segundo más grande del país, se dictan  charlas de prevención.

Cada mañana, expertos de la propia institución dan charlas sobre la responsabilidad, honestidad y sobre  cuáles son las faltas disciplinarias. También revisan las leyes y reglamentos policiales. Este sistema es nuevo y pretende brindar  parámetros de ética profesional y de trato a la gente.

En  dependencias policiales como la de Antinarcóticos, las denuncias sobre  irregularidades de miembros de la institución son discutidas abiertamente.  Joel Loaiza, jefe nacional, reunió la semana  pasada a su  personal para  analizar las noticias de policías implicados en ilícitos.

“Se reflexionó sobre el daño que provocan los malos elementos a la institución”. Adicionalmente, comentó que en su departamento cada dos  semanas se somete al personal a la prueba del polígrafo (detector de mentiras).

También se realiza un examen de orina para saber si consumieron drogas y son sometidos a un análisis psicológico, para determinar su idoneidad dentro de la unidad. “Así se comprueba el nivel de   confiabilidad  del uniformado”, comenta Loaiza.

Las denuncias de actos de corrupción en la Policía no son recientes; pero en la última semana los casos  preocuparon al Ejecutivo. El presidente Rafael Correa dijo en su cadena sabatina que  se reunió  con el Alto Mando  y  pidió al comandante general, Freddy Martínez, que “frene a raya los excesos”.

Así mismo, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunció cambios en el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y en la Policía Judicial.  En el primero, se busca una reestructuración total, luego de que varios de sus agentes son enjuiciados por tortura, violaciones al debido proceso y en delitos como  narcotráfico. Mientras que en la Policía Judicial se pretende mejorar su hábito de trabajo, para evitar abusos.

Jalkh también hizo un llamado al Comandante General de la Policía para que acelere los procesos de sanción a los policías que han cometido delitos o faltas disciplinarias. En la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se tramitan 1 896 denuncias.  308 personas ya fueron sancionadas.

602 casos se archivaron porque fueron denuncias falsas y el resto están en investigaciones en tribunales de disciplina, jueces comunes y de la corte  de la Policía.

Los uniformados  Fabián M., de 24 años, y Eduardo B., fueron separados de la institución la semana pasada en Carchi. Ellos participaron en un asalto a un negociante en el cantón Montúfar.   “No sabía lo que hacía, estaba embriagado”, dijo uno de los policías, pero los integrantes del Tribunal de Disciplina analizaron el expediente  y los sancionaron con la destitución y la baja.

En los archivos de la unidad  hay expedientes por coimas, asaltos, robos, secuestros. También por patrullar en estado de embriaguez, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito.

Iván Rivera, jefe del Primer Distrito de la Policía en Pichincha,  cree que los “malos elementos de la Policía deben irse”.  Él recibe cada lunes los partes de novedades de ocho provincias que están a su cargo. “Me indigna  saber que hay policías involucrados”.
El fin de semana anterior se registraron 15 novedades de uniformados por conducir en estado de embriaguez, por supuestas coimas y escándalos públicos.

Algunos policías dicen que   los bajos sueldos los obligan a cometer ilícitos, pero Rivera dice que esa no es una justificación.  Los uniformados ganan en promedio  USD 700 y  hubo incrementos según el rango que ostentan.

Pero los delitos  no son el único fantasma que enfrenta la Policía. El alcoholismo y el maltrato intrafamiliar también provocan trastornos emocionales. Estos casos se tratan en las unidades de salud mental de la Policía. 31 psicólogos, distribuidos en el  país realizan tareas de prevención.

Amparo García, psicóloga de la Dirección Nacional de Servicios de Salud de la Policía, explica que   dan charlas de motivación a los uniformados y cuando hay conflictos individuales se interviene en cada unidad con el personal especializado. Para García el que  los uniformados se alejen de sus familias cuando se los asigna a comandos provinciales  influye en su comportamiento.

“Tratamos de identificar los niveles del estrés, los desfogues y medios que emplean para salir de la depresiónE. García cuenta que en ocasiones hay resistencia de los uniformados, pero se trata de motivarlos. “Se platica con ellos y  se los escucha”.

El año pasado se dictó charlas a 3 000 policías de Quito. Pero aún se registran problemas, como el excesivo  consumo de alcohol. En Carchi, por ejemplo, dos policías  se ausentaron dos días de sus labores y se los halló libando.

Rivera comentó que en algunos casos, los  policías vinculados en procesos judiciales cambian de comportamiento. “El solo hecho de ser cuestionado sobre si son  o no culpables provoca conflictos”. Además, son señalados por sus compañeros y su carrera policial se frena, porque no ascienden.

En el Hospital de la Policía,  la unidad de salud mental es la encargada de tratar estos casos. También se trabaja en rehabilitación cuando hay uniformados que sufren accidentes.

El policía Cristhian Cumbajín asiste con ayuda de sus parientes y su esposa dos veces a la semana a esa casa de salud. Hace un año sufrió un accidente de tránsito cuando iba en su moto de dotación. Él tuvo lesiones en el cerebro, permaneció en coma  tres meses y perdió la  movilidad en su  brazo derecho. Recibe tratamiento psicológico familiar.

Pero García dice que hace falta profesionales pues el personal que tienen al momento no es suficiente para cubrir todas las provincias. Hay destacamentos policiales como el de Pedro Vicente Maldonado que no cuenta con médicos especialistas. Los uniformados deben viajar a Quito con sus familias para ser atendidos.

Algunos casos

En agosto, el teniente  coronel Luis Villafuerte  fue asesinado en Machala. Iba con dos policías en una camioneta en la que se camuflaron  272 kilos de cocaína. 

Policías del Grupo de  Apoyo Operacional (GAO), que laboraban en Santo Domingo de los Tsáchilas, fueron cómplices en el secuestro de  un comerciante.

Dos policías fueron  detenidos en Quito, cuando supuestamente extorsionaban a un delincuente. Se los vinculó con un grupo que hacía ‘limpieza’. 

El 31 de agosto el policía  Alberto Quintero Gonzabay, de 32 años, fue asesinado cerca  de su domicilio. Las dos personas detenidas dijeron que un hombre  pagó para que lo maten.

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