6 de August de 2009 00:00

La Contraloría del Estado abre el caso OCP

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Redacción Negocios
negocios@elcomercio.com

Un informe de la Contraloría de 2002 será el punto de partida para revisar el  contrato del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Enterrado a cinco   metros bajo tierra,  el OCP, construido por compañías privadas, es  la segunda arteria por donde circula el petróleo   extraído de la Amazonia.
 
El primero es el Oleoducto estatal Transecuatoriano (Sote).

Tras casi seis años de operación del OCP, la  construcción de esta megaobra levantó   críticas en el actual Régimen. Por esa razón, un informe de la Contraloría  del Estado será la base para que la  comisión estatal, que se conformó el pasado 3 de agosto,  realice   el análisis del contrato del  OCP.
 
La primera observación que  anota  el  documento, de 50 páginas,  se refiere a que no existen informes técnicos  que respalden los cambios que sufrió el proyecto. El  OCP propuso realizar un oleoducto para transportar
310 000 barriles diarios con un costo de USD 594 millones.

Pero   la compañía y el Estado firmaron un contrato para construir el OCP de 450 000 barriles/día  a un costo de USD 1 100 millones.
 
Otra observación  se refiere al plazo de operación del OCP.
Según el contrato, la infraestructura estaría a cargo de las compañías privadas por 20 años.  Luego de ello,  la tubería  pasaría a manos estatales sin costo.
 
Pero, según la Contraloría, no existen informes  que justifiquen que la operación del OCP se mantenga en manos privadas  por  20 años, plazo que fue  propuesto por OCP inicialmente, pese a que en el contrato se modificaron las condiciones de la construcción. 
 
El Ministerio de Energía, además,  firmó el contrato y aprobó el trazado, pese a no contar con el estudio  ambiental, con lo que incumplió  la Ley de Gestión Ambiental, según la Contraloría.
 
Pero este no es el único tema que preocupa al Régimen. El presidente Rafael Correa dijo días atrás  que el OCP se financió con  créditos entregados por las propias socias de la obra, con tasas de interés del 18 al 21%, cuando en el mercado están entre  4 y 6%.
Estas tasas, dijo, reducen la utilidad de las firmas y, a su vez, el impuesto que paga al Fisco.
La compañía no se  pronunció.

El OCP está subutilizado: transporta 140 000 barriles diarios, el 31% de su capacidad.
Los balances  arrojan saldos negativos desde 2003, así 2006 cerró con pérdidas de USD 8,4 millones. La empresa esperaba tener utilidades desde 2008.

Pero según un personero de una de las compañías dueñas del OCP, “la obra  no fue concebida  para generar ganancias, sino como una herramienta de transporte. En el Gobierno de ese entonces (Gustavo Noboa), las puertas estaban abiertas a la inversión,  había expectativas  para explotar el ITT y  los marginales”.

Pero el país no ha incorporado grandes reservas recientemente. Algunos proyectos como el ITT y el bloque 31 están en ‘stand by’.

El analista  Alberto Segovia señala que   la cláusula 18,4 del contrato permite “ser cambiado, desistido, revocado o modificado, siempre que se lo haga por escrito y con la firma de las dos partes”.

Pero   insiste en que el análisis no debe remitirse solo  al contrato sino a la operación del OCP.
Señala   que un  tema clave por ser revisado es la tarifa de transporte. El contrato señala que las compañías que transporten un crudo más pesado  pagarán más que aquellas que posean un crudo más liviano, lo que no se sujeta a equidad que dispone la  Ley de Hidrocarburos.

La comisión  deberá entregar su  informe en  45 días a fin de  iniciar  la negociación con OCP.

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