23 de mayo de 2018 00:00

Judicatura prepara pruebas para el Cpccs transitorio y el Legislativo

Fiscalía investiga a Gustavo Jalkh por supuesto tráfico de influencias. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, calificó el martes 22 de mayo del 2018 como falsas las pruebas presentadas por Bernal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política

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Los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) deben desvirtuar varias acusaciones para continuar en sus cargos.

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio se receptaron 704 denuncias en su contra. Y en la Asamblea, el expediente del juicio político que los señala, en el momento, tiene 13 000 hojas. Pero el documento podría crecer con lo que declaren los convocados.

Tanto la evaluación del Transitorio como el juicio del Legislativo pueden concluir en la terminación de sus períodos. Y en ambos procesos, las denuncias principales fueron aportadas por el asambleísta Esteban Bernal (Creo) y el abogado Hernán Ulloa.

Bernal tiene en sus manos un supuesto informe de Contraloría, cuya copia fue anexada en ambos procesos. En las páginas 44 y 47 del informe se establece que el Consejo nombró como agentes fiscales a candidatos que tenían puntajes menores en el concurso, indicó el legislador.

Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, calificó el martes 22 de mayo del 2018 como falsas las pruebas presentadas por Bernal.

Aseguró que en ninguna parte del informe de Contraloría se dice que los concursos han sido amañados. “Es cierto que algunos políticos quieren darse a conocer, pero no pueden hacerlo mostrando documentación falsa”, indicó en una entrevista de TV.

Ulloa, en cambio, centra sus acusaciones en una supuesta dependencia de la justicia respecto del poder político, durante el gobierno pasado. Él es el representante legal de 380 exjueces destituidos con la aplicación de la figura del error inexcusable.

Él asegura que si los magistrados intentaban fallar en contra del Gobierno, o de sus intereses, eran destituidos alegando una equivocación en la sentencia o dictamen.

Él también compareció ante el Cpccs para contar a sus integrantes sobre estos casos. Además, los jueces entregaron denuncias individuales contra la Judicatura.

Jalkh considera que el Transitorio se ha dejado llevar por “esas falsedades”. Pero eso deberá demostrar hoy con las pruebas de descargo. A las 08:05 termina el plazo -de cuatro días- que el Consejo de Participación estableció para que el CJ respondiese al informe de la evaluación.

Los cinco vocales recibieron 143 páginas y 14 archivos digitales con 3 436 documentos. El equipo evaluador hizo un análisis de las denuncias ciudadanas y de los informes de gestión presentados por los funcionarios con los parámetros de evaluación que aprobó el Pleno del Cpccs.

Estos son: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana. Estos temas, a su vez, están divididos en 21 indicadores y estos en 50 subcategorías.

Con las pruebas, el Pleno del Transitorio convocará una audiencia -en un término de 10 días- para que los vocales del CJ las argumenten; cada uno tendrá 30 minutos.

Los consejeros tendrán cinco días más para decidir si los funcionarios son cesados. Y ellos, tres días más para impugnar esa resolución, antes de que se haga efectiva.

En la Asamblea, en cambio, los cinco integrantes de la Judicatura deberán presentar sus descargos el miércoles 30 de mayo. Pero en ese proceso, a diferencia de la evaluación del Consejo Transitorio, están incluidos los cuatro consejeros suplentes.

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