Miami, Buenos Aires. AFP y DPA
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer un operativo que calificó de “aparatoso” e “intimidatorio” contra la sede del diario argentino Clarín, por parte de agentes estatales de control fiscal en ese país.
Tales medidas -que funcionarios gubernamentales argentinos aseguran no haber ordenado- “forman parte de una campaña de hostigamiento contra ese medio de comunicación”, consideró la SIP, con sede en Miami.
En la tarde del jueves, 200 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ingresaron en las instalaciones del Grupo Clarín donde tienen su sede los diarios Clarín, el vespertino La Razón y el deportivo Olé. También fueron visitados de manera simultánea los domicilios de directivos de Grupo Clarín y otras empresas vinculadas, entre otras, la productora de televisión Artear y de televisión por cable CableVisión.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, aseveró que “cuesta pensar que se haya tratado de un mero control rutinario del organismo fiscal cuando existen antecedentes de actos de intimidación contra el diario” .
Santos Calderón agregó que la SIP espera “que todo procedimiento se atenga a derecho y que las autoridades investiguen los métodos utilizados, para que no se dé la apariencia errónea de que se está tratando con delincuentes y buscando corroer la credibilidad de un medio” .
La SIP y otras organizaciones nacionales e internacionales han denunciado agresiones contra directivos del diario Clarín y ataques contra sus dependencias.
En la misma línea, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió a las autoridades argentinas que realicen una “investigación exhaustiva” sobre el “allanamiento” realizado por 200 inspectores de impuestos en el Grupo Clarín.
El Grupo Clarín está en el centro de una pelea con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un proyecto de ley de Medios Audiovisuales que se debate en el Congreso.
Mientras tanto, en un giro inesperado, la presidenta Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto que suprime el delito de calumnias e injurias, sin precisar su alcance.